Reivindicaciones capitalinas
CON más boato que fervor popular, más oficialismo que implicación ciudadana, el ayuntamiento compostelano festejó (?) esta semana la efeméride de haberse cumplido los veinte años de la publicación de la Ley 4/2002 do Estatuto de Capitalidade de Santiago que no sin tiempo venía a desarrollar la Ley 1/1982 –otros veinte años– de fijación de la sede de las instituciones autonómicas de Galicia.
Se aludió en las intervenciones en el salón rojo de Raxoi –donde por cierto se pergeñó el frustrado Estatuto dos 16– a situaciones de cierta rivalidad entre ciudades hasta llegar a la demorada ley, pero no así a la pasividad mostrada por municipalidad y vecindad compostelanas en defensa de sus intereses a cuyo amparo tuvo que acudir, una vez más, la generosidad de una Galicia que entendió que en tal designación importaba la apelación a lo simbólico, la apuesta por Santiago en tanto que centro cultural e identitario de Galicia –como se había evidenciado hace ahora noventa años, 1932– con la celebración en Medicina de las asambleas municipalistas que alumbraron el primer Estatuto-.
Como era día de euforias nada se dijo de lo que en otras instancias reclamaba la portavoz del BNG en el consistorio, Goretti Sanmartín, al demandar de la Xunta el abono del coste real que la radicación de los órganos de la autonomía representaba como carga onerosa para el concello. Cantidad que un estudio –¡en 2004!– de Luis Caramés y María Cadaval cifraba en los 5,5 millones/año y más de un lustro después, 2010, la profesora Cadaval elevó a 6,037.272 euros/año, por más que algunas cantidades sean de dudosa imputación al hecho capitalino.
Abundan estudios que desde una perspectiva economicista concluyen que el hecho de la capitalidad no aporta a las ciudades elegidas sustantivas mejoras en los capítulos demográfico o económico. Pero hay también estudiosos de la geografía humana que aluden a que el hecho de la función simbólica asociada a la capitalidad suele favorecer la atracción turística, en tanto que en ella se condensan el interés y el prestigio de la nación (Huan y Cheol, 2009).
Sin olvidar que el mismo ejercicio del poder potencia las necesidades de contactabilidad, que se suelen ver favorecidas por mejoras en la accesibilidad y por un incremento de los viajes profesionales y de negocios, así como reuniones y convenciones (Barrado y Vázquez, 1988). Algo que desde la experiencia compostelana no precisa de excesivas ratificaciones, a poco que se analice la multiplicidad de beneficios –tangibles e intangibles– que la capitalidad trajo consigo y que, por ello, relativizan la exigencia de compensaciones que fija la ley.
De modo que, por más voluntariosa que práctica que resultó la aludida celebración, el encuentro entre autoridades municipales, autonómicas y estatales –haciendo abstracción de las acostumbradas guindas presentes en todas las salsas protocolarias, ¿será que tienen tan poco que hacer en sus respectivos cargos?–, la reunión valió, si acaso, para ratificar el espíritu de colaboración cuya expresión máxima se da en el Real Patronato, ahora tan olvidado por parte del Gobierno del Estado. Y siempre es buena oportunidad apuntalar aquello que funciona.