Sánchez no los contentó
PESE a que durante su campaña electoral el presidente del Gobierno prometió que no indultaría a quienes pusieron en peligro la integridad nacional, ahora lo ha hecho. Su apuesta es arriesgada, y los posibles beneficios de su gesto aparentan, a primera vista, inexistentes. Más aún; nadie, o casi nadie, parece contento. Los interesados, es decir, los procesados y quienes los apoyan, ya han anunciado a bombo y platillo que quieren más; y no disimulan que su objetivo es la amnistía y la autodeterminación. Siguen moviéndose en el ámbito de las peticiones imposibles, por inconstitucionales.
Las repetidas encuestas que han trascendido arrojan números claros sobre el descontento mayoritario de la población española con la medida de gracia. También los jueces y los organismos que los representan, Tribual Supremo y Fiscalía incluidos, parecen ver una afrenta en la decisión del líder del Ejecutivo español. La medida de Sánchez ha sido tan partidista y cuestionada, que él mismo se vio forzado a diluir la decisión con apresuradas noticias sobre el fin del uso de las mascarillas, la vuelta de los viajes del Imserso en otoño, la bajada del IVA de la luz, e incluso las exhumaciones del Valle de los Caídos.
Nadie le desea a otros prisión por ideales políticos; eso debería saberlo el presidente. Lo que no consiente la población es que ciertos políticos hayan utilizado su posición privilegiada para desestabilizar un país, llegando a emplear los recursos públicos para acometer objetivos independentistas e inconstitucionales. Es eso, justamente, lo que penalizaron los jueces. El indulto es un recurso y una potestad legal; pero la sociedad no acepta que se le otorgue a quienes no sólo no se han arrepentido de sus delitos, sino que llegan a anunciar públicamente que, en cuanto puedan, volverán a cometerlos.
Tampoco ignora la ciudadanía que mientras se intenta contentar en vano a los líderes del procés, se desprecia a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que arriesgaron su integridad física para frenar la radicalidad y la violencia de los nacionalistas sediciosos.
La conciliación no es posible, en primer lugar, porque el independentismo más radical ya ha expuesto su negativa a cualquier proceso conciliador que no responda a sus peticiones. En segundo lugar, porque es fácil visualizar el trato desigual que se les está dispensando a quienes en octubre de 2017 defendieron el orden y la democracia frente a los que desobedecieron los imperativos legales por los que nos regimos todos los españoles. Dice el presidente que se abre un nuevo tiempo. Esperemos que no sea ni el de la amnistía ni el del referéndum de autodeterminación, porque eso sería lo mismo que decir que el nuevo escenario es el de la impunidad y la inconstitucionalidad.