Xunta y los abajo firmantes
POR los periódicos, ayer supimos que la Xunta luchará porque los gobiernos central y portugués acuerden la unión por autopista –de apenas 57 kilómetros y con aportación autonómica– del municipio luso de Macedo dos Cavaleiros con el ourensano de A Gudiña, de modo que los vecinos de esa vaciada zona del país vecino puedan tener fácil acceso y comunicación tanto con la Autopista A-52 (de las Rías Baixas) como, sobre todo, con el AVE en construcción, a través de la estación ferroviaria de A Gudiña.
Es reclamación que la Xunta, con el apoyo de la Diputación de Ourense y de 17 municipios fronterizos del sur de esta provincia y Norte de Portugal –que totalizan 200.000 habitantes–, quieren elevar a la próxima Cumbre Ibérica que analizará proyectos en común de cara a la obtención de las oportunas ayudas europeas.
Lo que no dice la nota informativa, y es lástima porque oculta la mitad de la verdad, es que esa conexión de Portugal con el AVE está ya acordada entre los ejecutivos español y luso en la última de las reuniones, celebrada en el pasado 10 de octubre en la localidad lusa de Guarda. Se trata de la alternativa que la localidad portuguesa de Braganza y los municipios del área zamorana de Puebla de Sanabria elevaron, a lo que se ve con más pundonor y suerte, y que ratificaron tanto Pedro Sánchez como António Costa.
Y aunque la nota de la Xunta “insta a reflexionar sobre la exclusión de este proyecto de la Cumbre Ibérica del 10 de octubre”, no parece que la duplicidad de enlaces sea tomada como alternativa seria, especialmente por la fiscalizadora UE.
Fue en octubre de hace un año cuando Xunta, Diputación y 15 municipios transfronterizos suscribieron el Pacto por A Gudiña para, señalaban, “pelear en Lisboa y Madrid hasta la extenuación la construcción de una infraestructura de unos 57 kilómetros para vertebrar dos áreas muy castigadas por la despoblación que ven esa infraestructura como un revulsivo, dado que A Gudiña se convertirá en una de las paradas de la línea de AVE”.
Lo de la extenuación hay que aplicarlo, si acaso, a los responsables locales y no así a la autoridad gallega, a poco que se desmenucen las actuaciones habidas. Y es lástima, porque se repite con más que harta frecuencia en las demandas ferroviarias en Galicia.
En los estertores del franquismo era habitual encontrarse en los medios de comunicación con numerosos escritos reivindicativos o de protesta sobre los más variados temas, sensatos y peregrinos. Tenían todos en común la repetición de los mismos nombres en las firmas que los suscribían, dando origen a la peyorativa imagen de “los abajo firmantes”, particular fauna de inconformismo social, tan presta a firmar un roto como un descosido.
La actuación del poder autonómico respeto del conocido Pacto de A Gudiña da la sensación, por llegar tarde y precedido de la inhibición administrativa, de encuadrarse en aquella misma masa de los abajo firmantes, siempre que la reivindicación o la protesta tenga como objetivo el Gobierno central.
Y así se va moviendo buena parte de la política gallega respecto de Madrid, entre los “esixe”, “demanda”, “reivindica” y hasta los más osados “non tolerará” que, a falta del necesario puñetazo encima de la mesa, acaban, como el de A Gudiña, en vacuo derecho al pataleo.