Antza, investigado por el crimen de Ordóñez, no puede salir del país
Si el exdirigente etarra no cumple la prohibición del juez, será decretado su ingreso en la cárcel
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha prohibido salir del país al exdirigente de ETA Mikel Albisu, Antza, investigado por el crimen en 1995 del teniente de alcalde del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, si bien le ha advertido de que si lo incumple se dictará su ingreso en prisión.
El magistrado también acordó este martes la retirada de su pasaporte y la designación de un domicilio en España tras tomarle declaración en el marco de la causa en la que se le investiga por su posible responsabilidad en el atentado como miembro del “comité ejecutivo” de la banda terrorista entonces.
Un crimen del que Antza, que declaró por videoconferencia desde el Palacio de Justicia donostiarra, se desvinculó tanto ante el juez como en declaraciones a los medios de comunicación.
Aunque en su comparecencia rechazó contestar a ninguna pregunta, subrayó que ya fue condenado en Francia a 20 años por asociación de malhechores y cuestionó las acusaciones por estar basadas, dijo, en manipulaciones y torturas, informan a Efe fuentes jurídicas.
Ante los medios, Antza abundó en esta cuestión y mantuvo que toda esta situación responde a “un ataque de aquellos que se oponen a la consecución de una Euskal Herria libre y pacífica”.
En su auto, el juez acepta “como fiables y verosímiles indiciariamente todos aquellos elementos relacionados”, entre otras cuestiones, con “la función decisiva y necesaria del máximo órgano de decisión” de ETA para cometer un atentado y “el relevante papel desempeñado” por Antza en el comité ejecutivo de la banda, “en relación con las órdenes” para asesinar a Ordoñez, “recopilada fundamentalmente en la documentación” incautada a miembros de la banda armada.
Y dada “extraordinaria gravedad del delito que se le imputa” y las penas a las que podría enfrentarse, el juez no ve irracional que pudiese eludir la justicia, por lo que adopta las medidas cautelares.
En representación de la viuda y el hijo de Ordóñez intervino el letrado Rubén Múgica, que reclamó ante los medios “un empeño redoblado para que quienes fueron jerarcas y capos de la organización criminal sean juzgados y condenados” también por “inducir a la perpetración de los asesinatos”.
Antza fue recibido entre aplausos de una treintena de simpatizantes de Sortu, ante lo que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dijo que el Ejecutivo “reprueba” cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo.
No obstante, y según informa Europa Press, dijo que no puede valorar lo ocurrido en los juzgados donostiarras, ya que no había seguido la información, e insistió en el apoyo “del lado de las víctimas”.