El CGPJ estudiará si recurre al TC el recorte de sus competencias
Ocho de sus vocales forzaron la convocatoria
al presentar un conflicto de competencias
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará mañana un pleno extraordinario, a petición de ocho vocales, para estudiar si presenta ante el Constitucional un conflicto de competencias, después de que el Congreso aprobara una reforma legal que le prohíbe hacer nombramientos en funciones.
El pleno abordará también la posibilidad de pedir al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la reforma legal y estudiará si se plantea la cuestión a la Comisión Europea (CE), al responder a las preguntas que, como cada año, esta institución envió al CGPJ para analizar el Estado de derecho.
La semana pasada, el CGPJ, que lleva más de dos años en funciones, acordó que si al menos cinco de los veinte vocales pedían de forma argumentada un pleno extraordinario para abordar un posible conflicto de atribuciones frente al Congreso se convocaría la reunión.
Finalmente fueron ocho -todos miembros del denominado sector conservador- quienes lo solicitaron: Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona.
El pleno tenía que celebrarse esta semana, ya que si se decide plantear un conflicto de atribuciones el último día para hacerlo es este viernes, cuando se cumplen 30 días desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recortó las competencias del CGPJ mientras esté funciones.
El primer paso cuando se estima que hay un conflicto entre órganos constitucionales es dirigirse a la institución que se estima que asumió competencias que no le corresponden, en este caso el Congreso. Si el Congreso no rectifica, se plantea el conflicto ante el Constitucional.
En el escrito en el que los ocho vocales apuestan por iniciar ese procedimiento, se hace hincapié en que no está en manos del CGPJ la renovación del órgano de gobierno de los jueces, sino en la de los grupos parlamentarios, y se sostiene que la reforma “menoscaba la independencia judicial”.
“La reforma propuesta supone un fraude constitucional, puesto que el retraso en la renovación nunca puede justificar un menoscabo de atribuciones no previstas por el constituyente”, recalcan los vocales, informa Efe.
Es además, añaden, “una injerencia por parte del Parlamento en las competencias del Poder Judicial, afectando a su independencia y contribuyendo a la politización de la justicia, y pone en peligro la separación de poderes, situando al Poder Judicial en un plano de inferioridad y de dependencia respecto al resto de poderes”.
El recorte fue impulsado por PSOE y Unidas Podemos.