El Gobierno prorroga los ERTE hasta el 31 de enero con el apoyo de la CEOE
El coste de los expedientes de regulación de empleo y ayudas a autónomos frente a la pandemia asciende ya a 22.000 millones
El Gobierno aprobó ayer las condiciones en las que se van a prorrogar los ERTE relacionados con la pandemia del covid-19 hasta el 31 de enero, tras lograr un acuerdo con patronal y sindicatos.
Según destacó tras el Consejo de Ministros la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, –que volvió a agradecer el esfuerzo del diálogo social para cerrar acuerdos– la ampliación “protege a todas las empresas y a todos los trabajadores”, incluyendo la hostelería y el comercio, ante unos meses que pueden ser complicados.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, detalló el nuevo esquema de ERTE y que contempla tres modalidades.
Por un lado, los ERTE por fuerza mayor para las actividades más afectadas por la pandemia que tendrán exoneraciones del 85 % en el caso de las de menos de 50 trabajadores y del 75 % si tienen más, tanto para los empleados activados como los que continúan parados.
Y por otro, el denominado ERTE de rebrote pasa a convertirse en dos nuevas modalidades: el de impedimento y el de limitación, a los que podrá acogerse cualquier empresa sea cual sea el sector afectada por medidas relacionadas con la covid-19.
En el primer caso, por parón total de la actividad, las bonificaciones serán del 100 % para las empresas de menos de 50 trabajadores, del 90 para los de más de 50.
En el segundo, el esquema de bonificaciones es decreciente partiendo del 100 % en octubre para pasar al 90 en noviembre, al 85 en diciembre y al 80 en enero para las de menos de 50 trabajadores, y para las de más de 50 hay que restar diez puntos a los porcentajes anteriores.
“Si salvamos el otoño y el invierno entraremos de lleno en la recuperación”, dijo Díaz. que recordó que el acuerdo mantiene la obligación de mantener el empleo seis meses para las empresas acogidas a un ERTE, así como la prohibición de horas extras.
Añadió que se mantiene la cuantía de las prestaciones y el “contador a cero”.
El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales aprobó por unanimidad la última propuesta del Gobierno para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo, por lo que se suma así al acuerdo ya cerrado con los sindicatos.
Según la CEOE, el texto refleja “un acuerdo en el que todas las empresas cuya actividad se está viendo afectada por la crisis del coronavirus se sienten representadas”.
Al igual que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa confía en que este acuerdo permita garantizar la continuidad de la mayor cantidad de empresas y empleos posibles “en una coyuntura económica tan adversa y dilatada en el tiempo”.
El coste para las arcas públicas de las ayudas asociadas a los ERTE y a la protección de los autónomos asciende hasta septiembre a 22.000 millones de euros, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
En este sentido, explicó ayer que la mitad de esa cifra es imputable a la Seguridad Social por ayudas extraordinarias a autónomos, exoneraciones de cotizaciones a empresas y prestaciones por incapacidad temporal.
La otra mitad corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal en prestaciones para trabajadores en ERTE.
De aquí en adelante se sumarán al menos 1.000 millones de euros más de gasto cada mes “en el mejor de los escenarios”, calculó.
Bono social. También se aprueba un nuevo supuesto para que los consumidores eléctricos aún en desempleo, ERTE, jornada reducida, o con algún miembro de la familia en esas circunstancias, o bien en el caso de los empresarios que hayan visto reducidos un 75 % sus ingresos, puedan obtener el bono social; es decir, un descuento del 25 % en el recibo de la luz.
Amplía la medida adoptada en el estado de alarma que permitía solicitar el bono social como consumidor vulnerable a los autónomos que hubieran cesado su actividad tras el 14 de marzo.
···La ministra de Hacienda insistió ayer en que los presupuestos de 2021 entrarán en vigor en enero y contendrán una fiscalidad progresiva, aunque reconoció que su entrada en vigor podría retrasarse “unos días”, por lo que habría una “prórroga técnica” de las cuentas del popular Montoro. Montero reiteró ayer que el calendario de tramitación presupuestario se mantiene en “tiempo y forma”, y que en las próximas semanas se aprobará el techo de gasto y se tramitará en el Congreso y el Senado. Recordó que los presupuestos anteriores se presentaron fuera de tiempo y achacó a la pluralidad del arco parlamentario y a las numerosas formaciones políticas con las que se debe negociar el hecho de que en ocasiones se incumpla este calendario presupuestario. “No es casual que el calendario se haya variado fruto de la riqueza parlamentaria y que haga que haya que hablar con todos”, indicó.
Madrid. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendió ayer la figura de Felipe VI y aseguró, ante las críticas de los ministros Pablo Iglesias y Alberto Garzón, que el rey “en ningún momento ha vulnerado la neutralidad constitucional y democrática que le exige la ley”.
Montero fijó esta postura ante la acusaciones de Iglesias y Garzón al monarca por la llamada que hizo al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para transmitirle que le “hubiera gustado” estar en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado el pasado viernes en Barcelona, después de que el Ejecutivo acordara su ausencia.
“El jefe del Estado, y queremos agradecerlo, siempre siempre respeta la neutralidad democrática e institucional que le exige el cumplimiento de la ley”, remarcó en la rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa al término del Consejo de Ministros.
Según la portavoz, la conversación que don Felipe mantuvo con Lesmes fue “una llamada de cortesía” que “tiene que quedar en el terreno de la discreción”.
Opinó que las críticas de Garzón e Iglesias de que el rey incumplió la neutralidad y maniobró contra el Gobierno responden a las opiniones personales de “dos personas concretas” del Ejecutivo cuyo partido mantiene posiciones distintas sobre la corona.
Aseguró que el presidente Sánchez siempre ha defendido todas las instituciones, “se llame monarquía u órgano de los jueces”, por su “obligación de proteger por el papel democrático que juegan”. efe