Interinos que lleven en la plaza más de diez años no opositarán
El Gobierno logra sacar adelante el decreto ley por un solo voto de diferencia// El PP se pregunta quién pagará las indemnizaciones a los que se queden fuera
El Congreso convalidó el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público gracias al acuerdo de última hora entre el Ministerio de Hacienda y ERC, que dará una mayor prioridad en el acceso a las plazas fijas a los interinos que ya ocupan esos puestos estructurales.
Los cambios se introducirán durante la tramitación de la norma como proyecto de ley, un proceso que debería concluir a finales de octubre para avanzar en el proceso de estabilización y dar certidumbre a los afectados, según dijo en su intervención la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
En virtud del acuerdo, los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse la misma sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos.
Montero explicó que se les aplicará la excepcionalidad prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite la selección de funcionarios de carrera únicamente con un concurso de valoración de méritos, informa Efe.
La norma también dará potestad a las comunidades autónomas para decidir si el examen para las plazas de estabilización que convoquen es o no eliminatorio.
El decreto ley ya preveía que la valoración de la experiencia en el puesto pesara un 40 % en el proceso de selección, pero ahora se añade la posibilidad de que la prueba no sea eliminatoria si así lo deciden las comunidades autónomas en sus convocatorias.
El decreto ley contempla que las plazas, unas 300.000 estructurales, deberán estar adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.
También establece que los interinos o el personal laboral temporal que no logre una plaza tendrá derecho a una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta 12 mensualidades, y que podrá ser incluidos en bolsas de empleo específicas.
Asimismo, fija que el incumplimiento máximo de permanencia de tres años como interino dará lugar a una compensación económica de 20 días, hasta un máximo de doce mensualidades.
una votación ajustada. Aunque la votación del decreto fue ajustada, con un solo voto de diferencia entre el sí y el no, la decisión de los republicanos catalanes de votar a favor permitió sacar adelante una norma que generó mucha oposición entre algunos socios de Gobierno.
Entre ellos Bildu, que votó en contra (igual que JxCat, PdeCat, Ciudadanos, Vox y PP) porque no se escuchó ni a los sindicatos vascos ni a los grupos parlamentarios.
La negociación in extremis sirvió también para que el PNV se abstenga, mientras que Ciudadanos votó en contra de una norma que considera un parche.
La diputada de ERC Pilar Vallugera explicó que quienes sufrieron el fraude laboral no pueden tener los mismos derechos que quienes acceden de nuevas a la función pública.
El PP criticó el decreto por “abusivo” y se preguntó “quién va a pagar” las indemnizaciones a los interinos que se queden sin trabajo, a tiempo que recordó que el PP llevó a la Cámara Baja sus procesos de estabilización en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y de 2018.
··· La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valoró la convalidación del decreto, pero pidió a los grupos parlamentarios que garanticen la seguridad jurídica para que los procesos no sean tumbados por los tribunales.
··· Y pidió que la tramitación del decreto como proyecto de ley se realice acortando “al máximo” los plazos para que se empiece a aplicar conforme a los plazos que se contemplan en el acuerdo firmado con los sindicatos de la Función Pública. “El texto que finalmente salga del Congreso debe ir en consonancia con nuestro marco legislativo”, señala.
la producción eléctrica
Madrid. El Congreso también aprobó la rebaja transitoria de dos de los impuestos que cargan el recibo de la luz (IVA e impuesto sobre la producción) para compensar los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista -máximo histórico ayer, en 106,57 euros/megavatio (MWh)-,tanto para los consumidores como para las empresas.
La vicepresidenta y ministra para la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, avanzó en el debate de convalidación del real decreto -aprobado con 193 votos, 3 en contra y 152 abstenciones- que las previsiones de precios altos “no parecen despejarse en los próximos meses”.
El decreto recoge una rebaja del IVA de la electricidad del tipo general del 21 % al 10 % hasta final de año para todos aquellos consumidores que tengan una potencia contratada de hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista se sitúe por encima de los 45 euros por MWh.
Esta reducción temporal del IVA, que afecta tanto a usuarios a tarifa regulada como a aquellos que contratan su suministro en el mercado libre, también se aplicará hasta fin de año a todos los consumidores vulnerables con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.
Beneficiará, según los datos que aportó la ministra de Transición Ecológica, al 97 % de los consumidores y a 2,8 millones de empresas y autónomos y a 612.000 hoga-
res vulnerables, informa Efe.
La norma incluye también la suspensión del 7 % del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el tercer trimestre de este año, lo que redundará en una bajada de precios en el mercado eléctrico de unos seis euros por MW/h, pues los operadores dejarán de internalizarlo como coste y, por tanto, de repercutirlo en sus precios.
Queda inalterado el otro impuesto que grava el recibo de la luz con un 5,11 por ciento, denominado impuesto de electricidad.
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la rebaja del IVA supondrá un ahorro para hogares y pymes de unos 650 millones de euros durante este año y Hacienda eleva el impacto recaudatorio a los 900-1.100 millones. efe