La ONU, vigilante ante la situación tras varios ceses en El Salvador
La destitución de los magistrados podría llevar a una crisis económica al país centroamericano
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió ayer a El Salvador respeto a la Constitución y a la separación de poderes tras la decisión de la Asamblea Legislativa de ese país de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara.
Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, dijo que está siguiendo de cerca la situación en el país centroamericano y que “toma nota de las preocupaciones expresadas respecto a los procedimientos usados para la destitución de miembros de la Sala de Constitucional”.
“El secretario general pide respeto a las provisiones constitucionales, al Estado de derecho, a la división de poderes, con vistas a preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz”, señaló Dujarric en su conferencia de prensa diaria.
El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que, el sábado, el oficialismo tomara las riendas del Parlamento para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votase la destitución de los magistrados con los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos el último año y los sustituyese por otros jueces.
Tras conocerse la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, acción que diversos abogados consideran que anula la votación.
La decisión de la Asamblea Legislativa ha sido rechazada por la Organización de Estados Americanos (OEA), por Estados Unidos y por la Unión Europea, entre otros actores internacionales.
Por su parte, una veintena de organizaciones de la sociedad civil advirtieron de la posibilidad de una crisis económica en El Salvador tras la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, destituyó el sábado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por supuestamente cometer “fraude a la constitución” y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia del coronavirus.
La decisión –la primera del nuevo Congreso, que tomó posesión el sábado– ha sido duramente cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos que la han calificado de inconstitucional y que ven amenazado el Estado de derecho.
Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dijo que “se piensa que los aspectos democráticos están separados de los económicos pero no es así, tarde o temprano una crisis democrática se traduce en una económica”.