Plantea problemas constitucionales y obstáculos competenciales la ley de vivienda, según el informe del CGPJ

Madrid. El nuevo borrador de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda critica con dureza su contenido y advierte de los diversos problemas de orden constitucional que, a su juicio, puede acarrear, entre ellos conflictos competenciales.

El texto ha sido redactado por los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas Murillo de la Cueva, y será sometido a la votación del pleno del poder judicial el próximo jueves, después que este órgano rechazara el pasado 14 la propuesta que había redactado al respecto el exdiputado socialista Álvaro Cuesta.

A lo largo de sus sesenta páginas, la propuesta de informe del máximo órgano judicial se refiere al anteproyecto legislativo con calificativos como “sobrecargado”, “contradictorio”, “farragoso”, “incongruente”, “nocivo”, “innecesario” e “inoportuno”, entre otros, y señala que sus directrices están “imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias”.

Critica también que introduzca modificaciones de la normativa civil arrendaticia, sustantiva y procesal con la pretensión de hacer indefinidas las soluciones con las que se trató de paliar coyunturalmente las consecuencias de la pandemia en un real decreto de medidas urgentes ya declarado inconstitucional.

Asegura que apunta a “una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda y la parcial derogación del artículo 348 del Código Civil donde se sanciona que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas”.

Dice que la ley pretende “fosilizar” el concepto de función social de la propiedad del artículo 33.2 de la Constitución en su proyección sobre la vivienda; destaca sus “conceptos jurídicos vulgares” y rechaza casi todas las definiciones que introduce por “innecesarias”, “redundantes” o por chocar con las de otras leyes, como la del suelo.

Sobre las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento, afirma que “siendo un tema constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un farragoso contenido”, así como que “su complejidad reglamentista pudiera propiciar no pocos procedimientos judiciales”.

Sostiene que la carga patrimonial de las políticas estatales de vivienda se afronta “a costa de los arrendadores privados no suficientemente compensados con los incentivos fiscales” previstos y avisa del “posible conflicto competencial desde el momento en que, por ejemplo, rige en Cataluña la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, cuyas medidas no coinciden con las contenidas en el anteproyecto”.

Constata que las competencias autonómicas al establecer el índice de alquileres y las zonas de mercado residencial tensionado “condicionarán decisivamente la aplicación de la norma estatal”.

Añade que “se echa en falta una justificación suficiente en el anteproyecto de la necesidad de las medidas, evaluando los beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de ellas, sobre la base de un análisis empírico del resultado de medidas similares en los países de nuestro entorno -y el nuestro- que han cosechado fracasos que resultan evidentes por conocidos”.

Considera “sorprendente” que, “a diferencia de con los desahucios de las ejecuciones hipotecarias, no se modulen los incumplimientos resolutorios en la LAU, pues cualquier incumplimiento en el pago de la renta, incluso el del aumento de la fianza arrendaticia o el de cualquier gasto convenido, es susceptible de generar el desahucio”.

El PP ya ha pedido, a través de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, que el Gobierno retire el proyecto tras las duras críticas del informe judicial. efe