Economistas reclaman un fondo de mil millones que apoye a firmas de Galicia

El Grupo Colmeiro, integrado por economistas, sociólogos y politólogos entre los que se encuentran María Bastida, Octavio del Campo, Ángeles Fernández, Eugenio García, Antonio Grandio, Javier Rodríguez Seijo, Venancio Salcines, y que preside Luis Caramés, ha hecho llegar a los sindicatos y al Consello Económico e Social (CES) su trabajo Galicia, más allá del covid-19, donde recogen 41 propuestas cuyo fin es que la comunidad salga de la pandemia con la mejor salud socioeconómica posible.

Medidas de estudio, gestión y administración. Piden crear una oficina de información para pymes y autónomos que a partir de la experiencia y capacidad del Igape, Xesgalicia y las sociedades de garantías recíprocas (Afigal y Sogarpo) les ayuden a solicitar todo tipo de ayudas, subvenciones y préstamos, coordinas con oficinas similares de colegios profesionales y Cámaras.

Toca reformular la función del Igape, recuperando su función de asesoramiento e investigación, pues urge un estudio o guía que identifique las nuevas necesidades productivas nacidas de la emergencia sanitaria o de los cambios en los hábitos sociales o de consumo.

Además se pide resolver y activar todos los expedientes administrativos relacionados con subvenciones ya aprobadas y pendiente de pago, lo que beneficiaría el circulante de las empresas.

Medidas fiscales y tributarias. Reordenar el calendario fiscal dando más tiempo al pago y el cumplimiento de obligaciones. Piden ampliar todos los períodos de liquidación en 2020 y 2021 en todos los niveles de la administración.

Demandan un paquete tributario global en favor de las personas físicas al Ministerio que amplíe al 31/7/2020 la campaña del IRPF a todos los ciudadanos; poder aplazar recibos de servicios básicos (agua, gas o electricidad) y eliminar dichas cuotas durante el período de confinamiento a personas en paro, autónomos con cese de actividad o empleados en ERTE, y reducirles un 50 % la cuota del IBI (catastro) de 2020. Esto último también a todos los centros de trabajo cerrados por el virus, y que paguen el 50 % restante el primer semestre de 2021.

Demandan a Hacienda aplicar una deducción temporal y extraordinaria en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 a empresas que no redujesen su plantilla en estos ejercicios frente al dato del cierre de 2019. También mejorar la amortización de los activos fijos, rebajando bases imponibles y liberando así liquidez a corto plazo al reducir esa base imponible.

Bonificar también fiscalmente a las empresas que apuesten por el teletrabajo.

Gasto Público. Hacer frente de forma inmediata al pago de las deudas contraídas pendientes de Xunta, concellos y diputaciones, es liquidez para las empresas. Reactivar contratos públicos en stand by que supondrán un colchón de pedidos mientras llega la mejoría privada.

Conceder una prima extra excepcional, con cargo al Fondo de Contingencias, de entre 500 y 1.500 euros a todo el personal estatutario o contratado del Sergas en función de su riesgo de contagio.

Flexibilizar la regla de gasto en 2020 y 2021 y que municipios y diputaciones puedan invertir su remanente positivo, al menos el 50 % en la mejora de infraestructura municipal en sanidad, educación y/o servicios sociales.

Reconocer el covid-19 como caso de fuerza mayor para los contratos públicos facultará que no se apliquen las penalizaciones por intereses de demora, recargos por declaración extemporánea y recargos de apremio.

Establecer un ambicioso programa de optimización del gasto, reduciendo los que no son absolutamente necesarios, evitando duplicidades y fijando prioridades para hacer frente a la crisis.

FINANCIACIÓN. Reclaman estrechar la colaboración entre Igape, ICO, Banco Europeo de Inversiones y las entidades financieras presentes en Galicia para la rápida implantación de las diferentes líneas de circulante. Encajan aquí que el Igape pueda complementar el aval del ICO, o establecer una línea complementaria de similares características.

Facilitar y permitir el acceso de pymes, micropymes empresarios individuales a las líneas ICO, subvencionando la Xunta al menos el 50 % de los intereses, eximir los gastos y comisiones bancarias junto a las SGRs, y con exención de comisiones y gastos, plazo máximo 6 años y carencia de interés de dos años. Además, el Igape se debería subvencionar la cuota a pagar a la SGR.

Abrir una nueva línea del Igape con la banca por importe de 1.000 millones de euros para cubrir necesidades económicas superiores a 200.000 euros, con un interés del 1,5-2 %, a cinco años con uno de carencia y subvención en todo o en parte de los intereses por el Igape.

Por la favorable calificación financiera de la Xunta propone el Colmeiro que se estudien y soliciten líneas de crédito o lance emisiones de deuda para hacer frente a los nuevos requerimientos y tener una reserva de liquidez para este 2020 y la prevista reacción, según los principales analistas, en 2021.

Piden que Xesgalicia invierta en el capital social de empresas que, siendo rentables a largo plazo, podrían ver cuestionada su supervivencia por la crisis. Sodiga y Xesgalicia tomarían participación en empresas viables con tensiones financieras.

Préstamos participativos por 150 millones de euros para empresas de interés estratégico, con planes de viabilidad reales y que supongan una modernización del aparato productivo de Galicia.

REESTRUCTURACIONES SIN COSTE. Se pide posibilitar la reestructuración de su deuda financiera a todas aquellas sociedades que lo soliciten, sin coste adicional, y renovar automáticamente las pólizas de créditos a pymes y autónomos, excepto las que estén en la situación que la Ley Consursal define como “insolvencia actual” o “insolvencia inminente”.

Colectivos vulnerables. Implementar un Plan de Gasto Social para las personas más necesitadas de la sociedad, dotado con cargo a un Fondo de Contingencias cuya cuantía hay que elevar. Se creará un Fondo de Solidaridad del 0,20 % de la facturación empresarial generada en 2019 –no la pagarán sociedades con pérdidas– para crear una renta de subsistencia de duración no superior a doce meses.

Piden completar las rentas de afectados por ERTE si tienen personas dependientes a su cargo que estén afectados por el covid, o si el plazo de duración excede de 3 meses.

Que realizar trabajos temporales, con una duración inferior a 45 días, ello no suponga la pérdida del cobro de la prestación por desempleo o rentas asistenciales.

productividad económica y empleo. Piden un Plan de Adaptación de las empresas y la administración a la enseñanza de las nuevas tecnologías y el teletrabajo, inversiones a corto plazo estratégicas para la seguridad laboral, mantener la actividad productiva y reducir la brecha tecnológica.

Un Plan Integral para el Sector Turístico, con especial atención al turismo rural y al Año Santo, bajo el epígrafe Xacobeo 2021 atrayente, sostenible y seguro.

Impulsar un Plan de Empleo Juvenil para menores de 30 años y evitar la presión en las economías familiares que va a derivarse del incremento del paro en los cabezas de familia.

Plan Integral para los sectores de la agricultura y pesca, enfocándose en la trazabilidad y certificación de origen de sus productos, y en aquellos que durante la pandemia demostraron ser de mayor consumo básico.

Reforzar la marca Galicia Calidade e instaurar un “pasaporte sanitario” productivo que refuerce y cuide el prestigio y fortaleza de las exportaciones gallegas.

Agilizar todas las fases administrativas que condicionan el sector de la construcción de obra privada: menos burocracia, más riqueza.

Posibilitar que las compañías sometidas a ERTE por causa mayor puedan en un máximo de 12 meses reducir la jornada laboral de su plantilla. Después el trabajador volverá a su jornada anterior o deberá ser indemnizado. El Estado cubrirá el 75 % del salario dejado de percibir.

Bonificar por 12 meses la mitad de las cuotas a la Seguridad Social de todos los trabajadores qué en 2020 y desde el levantamiento del confinamiento pasen a la condición de indefinidos.

Fomento de la vivienda. Demandan una deducción extraordinaria autonómica en el IRPF por obras de mejora en vivienda habitual de carácter estructural y justificadas realizadas en 2020.

Elevar las subvenciones a compra de vivienda rural, directamente o bonificando tipos de interés, si el traslado es con la finalidad de establecer una actividad empresarial o de negocio que se sostenga al menos tres años.

Sector sanitario y de riesgos. Fortalecer la sanidad y la seguridad laboral y personal mediante la exención temporal, hasta que llegue la vacuna del virus, de los derechos de importación sobre medicamentos, dispositivos y equipos de salud.

Promover la reordenación productiva del sector sanitario y elevar la disponibilidad presente y futura de suministros relacionados con la protección y contención del covid-19 y futuros epidemias, para las que piden preparar planes de contingencia y protocolos frente a eventuales riesgos y catástrofes futuras, sanitarias y ambientales.