Marlaska intenta apagar el incendio subiendo el sueldo a la Guardia Civil

Desde el año 2018 llevaban los cuerpos de Seguridad dependientes del Gobierno Central –es decir, Guardia Civil y Policía Nacional– esperando que se fraguara el acuerdo que fijaba la equiparación salarial con otros cuerpos como los Mossos y la Ertzaintza, con sueldos notablemente superiores. En dos años las demandas caían en saco roto y, en honor a la verdad, eran muchos los que pensaban que la parte definitiva de la anunciada subida iba a sufrir un nuevo retraso.

Pero ayer de forma sorprendente, nadie sabía que estaba en el orden de día, el Consejo de Ministros daba luz verde al Ministerio del Interior para pagar el tercer y último tramo del proceso de equiparación salarial de los policías nacionales y guardias civiles con los miembros de las policías autonómicas, lo que supondrá un desembolso de 247 millones de euros.

Fernando Grande Marlaska anunció este decisión en rueda de prensa en La Moncloa antes de confirmar el cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y la elección del máximo responsable del Servicio de Información de la Guardia Civil, Pablo Salas, como nuevo director adjunto operativo (DAO) del instituto armado.

El ministro, sin embargo, se apresuró a desvincular la ejecución del acuerdo sobre la equiparación salarial con esos cambios. Así, ha asegurado que era un compromiso del Gobierno, se ha negociado con distintos Ministerios y el asunto se abordó en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecreta -rios, que el pasado jueves preparó el Consejo de Ministros.

En un primer momento no estaba previsto que Marlaska participara en la rueda de prensa, aunque después explicó que este acuerdo permite completar el acuerdo para la equiparación salarial alcanzado en 2018 con sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil y Policía Nacional, cuyos miembros verán finalmente incrementadas sus nóminas un 20 % respecto a los salarios que percibían antes del pacto.

Pese a ese intento, todo el mundo interpretó que ese movimiento servía para apagar el incendio causado por el cese de Diego Pérez de los Cobos, que desató una tormenta en el cuerpo que ha provocado incluso la renuncia de su número dos.

Marlaska ha circunscrito los cambios al “nuevo impulso” que se ha querido dar la organigrama de Interior, dentro de una “política razonable y normal de reconstrucción de nuevos equipos y dentro del ámbito de máxima confianza que todo dirigente político plantea”.

Pero su comparecencia se ha producido poco después de que el hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, le haya solicitado su relevo. Ceña ya se había jubilado, pero continuó en su cargo por la pandemia del coronavirus y se había comprometido a mantenerse hasta el 2 de junio. El puesto de Ceña, máximo cargo operativo del instituto armado, lo asumirá Pablo Salas, hasta ahora máximo responsable de Información de la Guardia Civil.

INFORME FILTRADO. Entonces no se conocía el contenido del atestado de 83 páginas que la Guardia Civil remitió a la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid dentro de su investigación sobre un posible delito de prevaricación por parte del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir manifestaciones a comienzos de marzo, en especial la del 8M con motivo del Día de la Mujer. El informe concluye que no debió permitirse ninguna manifestación en Madrid desde el 5 de marzo, y que las autoridades gubernamentales tenían un “profundo conocimiento” de los riesgos de transmisión de la covid-19 en los días anteriores al 8M.

Ese informe indica que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraron en Madrid 130 reuniones o manifestaciones sin que la Delegación del Gobierno planteara ninguna objeción y otras 35 fueron desconvocadas. De ellas, la Guardia Civil tomó declaración a 20 convocantes y concluyó que en varios de esos casos hubo llamadas desde la Delegación del Gobierno animando a esa desconvocatoria, pero dichas comunicaciones no constan en ningún registro.

También incluye advertencias de organismos internacionales, aunque con errores, como fechar la declaración de la pandemia por la OMS el 31 de enero, cuando en esa fecha se declaró la emergencia sanitaria internacional, y presta especial atención a la cancelación de un congreso evangelista en Madrid (IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios: Unlimited 2020), previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo con un aforo estimado de entre 5.500 personas.

Se extraña el Instituto Armado de que el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijeran a los organizadores que ese congreso no se podía celebrar e incluso les remitieron un documento el 7 de marzo, firmado por la directora de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Apari- cio, en “el que consta expresamente la recomendación de aplazamiento de eventos multitudinarios”.

El propio Simón ha explicado hoy en rueda de prensa que en aquellas fechas ya existía una recomendación de Sanidad de evitar grandes aglomeraciones en espacios cerrados y de personas procedentes de países considerados de alto riesgo, y en el caso del congreso evangélico se daban ambas circunstancias, con la esperada presencia de personas de 120 países.

En cualquier caso, el informe obra en el juzgado, que ha citado a declarar como investigado al delegado del Gobierno el próximo 5 de junio, y el ministro ha dicho desconocer su contenido, como tampoco debía conocerlo Pérez de los Cobos.