Luz verde a la nueva depuradora con una década de retraso
Firmado el convenio que prevé que los Fondos Europeos cubran el 65 % // Bugallo estudia fórmulas para aminorar la parte municipal
Por fin hay un principio de acuerdo para desarrollar el proyecto de nueva estación depuradora de aguas de Santiago, después de una década de espera, desde que en 2011 estuvieran a punto de empezarse los trabajos.
El convenio, que ayer recibió el visto bueno por parte de la junta de gobierno municipal, prevé una inversión en la nueva infraestructura de 56.280.000 euros, así como el reparto de las cantidades.
En principio, la parte más importante, hasta un 65 % del coste total, se espera que corra a cargo de los Fondos Europeos para la Recuperación Económica. De hecho, ya ha sido seleccionada esta obra entre las que se propondrán a la Unión Europea para su financiación.
En cuanto al resto, a la Xunta le correspondería una partida de diez millones ochocientos mil euros, mientras que la aportación municipal sería de 8.900.000 euros. Eso sí, según explicó el alcalde, esta cantidad se vería incrementada con el IVA mientras que la de la administración autonómica está exenta de este tributo.
Con todo, Sánchez Bugallo afirmó que se estaban buscando fórmulas para conseguir una reducción de la aportación municipal. La propuesta de convenio fue remitida por Acuaes (Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España), y en él también participa la Xunta a través de la entidad pública empresarial Aguas de Galicia, y el Ayuntamiento.
A partir del acuerdo establecido ayer en el Pazo de Raxoi, ahora ya se pueden iniciar los trámites para la aprobación de este acuerdo y presentar así la propuesta a la Unión Europea.
La nueva infraestructura es cada vez más necesaria dado que la actual estación depuradora de A Silvouta hace ya décadas que agotó su capacidad para depurar todas las aguas residuales de Santiago, especialmente después del crecimiento urbanístico experimentado en la pasada década en la ciudad.
Además, hay ya un apercibimiento de sanción por parte de la Unión Europea debido a las carencias de la depuración en la ciudad, que afecta de forma muy significativa a los ayuntamientos situados en la cuenca más allá de la Edar, donde se detectan importantes problemas derivados de la contaminación.
El nuevo convenio supone un importante avance con respecto al presentado durante el pasado mandato, en el que el Ayuntamiento podía acabar asumiendo un coste desmesurado. Según aquella propuesta, el Gobierno central solo ponía los Fondos Europeos, la Xunta un porcentaje fijo y Raxoi el resto, además de cualquier sobrecoste de la obra, y los Fondos, en el caso de que se perdieran.