Pisos turísticos fuera del centro y solo en el bajo o la primera planta

Dos cambios normativos están en marcha, uno específico para la zona histórica, y otro general para el resto del casco urbano, para regular el funcionamiento de las viviendas de alquiler con una duración del arriendo inferior a tres meses al año.

El objetivo de la medida es preservar el uso residencial de las viviendas frente a los denominados pisos turísticos a través de la imposición de limitaciones de tiempo, espacio y altura en inmueble.

La normativa, que estuvo expuesta al público a comienzos de año y ahora está en fase de resolución de las alegaciones presentadas por los particulares, deja con todo abierta la puerta a este tipo de alquileres, pero con unas restricciones importantes.

La primera de ellas, de tiempo, que no puede ser inferior a tres meses, aunque permite combinar ambas modalidades. En una ciudad como Santiago, que recibe todos los años a un importante número de alumnos universitarios, los propietarios podrán combinar un arrendamiento durante el curso, por ejemplo, con otro turístico durante un máximo de tres meses, esto es, por el verano.

También se autoriza el alquiler de habitaciones dentro de la propia residencia del arrendador, ya que de esta forma se considera que se mantiene el carácter residencial de la vivienda. En este caso no existe ningún tipo de limitación temporal.

En cuanto a la limitación espacial, ni en el casco histórico ni en el Ensanche se concederán nuevas licencias para este tipo de establecimientos, con el objetivo citado de preservar el carácter residencial de estas zonas.

También a través de un estudio municipal se han detectado otras zonas del municipio donde se restringirá este uso de la misma forma, como son los barrios de Vite o de Fontiñas, con el objetivo de mantener su carácter de zona residencial.

En el resto de los casos está previsto aplicar la limitación en altura, es decir, que este tipo de residencias temporales de corta duración solo se podrán instalar en las plantas bajas, y en el caso de que la normativa urbanística concreta no lo permita, como mucho en la primera planta.

Otro problema es el de las viviendas que ya estaban funcionando con alquileres de breve duración con anterioridad a la puesta en marcha de esta modificación normativa, y que contaban con un alta en el registro establecido por la Xunta de Galicia.

Competencias. Se estableció que aunque las competencias en materia turística correspondían a la administración autonómica, los ayuntamientos sí podían intervenir en aspectos urbanísticos y exigir una serie de requisitos en lo que se refiere a las condiciones de accesibilidad, habitabilidad y seguridad de estas viviendas.

De hecho, este mismo año el Ayuntamiento se puso en contacto con los propietarios de estos inmuebles para recordarles la necesidad de que las viviendas cumpliesen estos requisitos y contar así con el oportuno permiso del Ayuntamiento para seguir desarrollando la actividad.

En principio, en la modificación de la norma estaba previsto que estos casos que contaban con la inscripción en el registro de la Xunta pudieran continuar desarrollando su actividad, pero esta opción quedó anulada por una sentencia judicial.

En el registro de la Xunta figuraban en Santiago algo más de seiscientas viviendas inscritas, aunque se considera que existen muchas más que funcionan sin ningún tipo de regularización. A partir de ahora, para poder seguir desarrollando esta actividad, deberán contar con el visto bueno de ambas administraciones públicas.

Ahora queda pendiente de resolver las alegaciones presentadas contra la modificación de la normativa urbanística, en buena parte por los propietarios de estos inmuebles y sus asociaciones, que ya habían recurrido en su momento ante la justicia, con varias sentencias que obligaron a introducir cambios.