Alerta la ONU sobre el avance de la exclusión social en España

El relator especial de la ONU para Extrema Pobreza y Derechos Humanos, Olivier de Schutter, alertó ayer sobre el avance de la exclusión social en España, que amenaza ya a uno de cada cuatro ciudadanos, aunque expresó su esperanza en que el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) ayude a paliar éste y otros problemas.

De Schutter presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra el informe elaborado por su antecesor, Philip Alston, tras visitar España los pasados meses de enero y febrero, y que fue muy crítico con la situación en el país.

De Schutter destacó en su intervención de ayer que “España es un país rico que sin embargo tiene a una cuarta parte de su población todavía en la pobreza o en riesgo de exclusión social”, además de afrontar problemas como “una enorme crisis de vivienda y desempleo estructural entre sus jóvenes”.

El informe de su antecesor, que en su viaje de 12 días a España visitó Madrid, Cataluña, Galicia, País Vasco, Andalucía y Extremadura, concluía que en el país aumentaron las desigualdades tras la crisis financiera de 2008 y la recuperación posterior, que benefició principalmente a los más ricos. En consecuencia, en España “sigue habiendo situaciones de gran pobreza muy extendidas, una alta tasa de desempleo, una situación de desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de enormes proporciones y programas de protección social muy insuficientes”, según el texto del dossier. Este también criticó un sistema educativo “segregado” y “anacrónico”, políticas tributarias y de gasto que favorecen más a las clases acomodadas que a las pobres, y una “mentalidad burocrática” que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valora más el formalismo que el bienestar de las personas.

En el debate de ayer también intervino a través de un mensaje por videoconferencia el defensor del pueblo español, Francisco Fernández Marugán, quien admitió que “las conclusiones del relator son demoledoras, y lamentablemente no parece que en todos los casos se hayan producido avances destacados”.

Fernández Marugán subrayó que el informe de Alston pone de relieve problemas como el de la vivienda, “una manifestación de desigualdad muy evidente que afecta fundamentalmente a jóvenes y familias vulnerables” y ante el que debería responderse con un incremento de la oferta, sobre todo la de alquiler.

TEXTO MÁS CONSTRUCTIVO. En respuesta al informe, el embajador español ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller, afirmó ayer en el consejo que, “a pesar de no compartir todas sus afirmaciones, España examinará con atención sus recomendaciones”.

Añadió que “la resolución de las carencias y retos existentes requiere no solo saber cuáles son, sino también la búsqueda e identificación de soluciones”, y aseguró que es a la hora de sugerir medidas y hacer propuestas cuando “la utilidad del informe se revela lamentablemente limitada”. En esa búsqueda de soluciones, el nuevo relator De Schutter manifestó su esperanza en que medidas como el ingreso mínimo vital, recientemente aprobado en España, ayuden a paliar los problemas sociales, “beneficiando a alrededor de 1,6 millones de personas que viven en la extrema pobreza”.

El embajador aludió también al IMV como una de las principales medidas tomadas por España para hacer frente a los problemas de pobreza y exclusión, pero también recordó los planes de apoyo al empleo con el fin de responder a la crisis económica y social causada por la pandemia del covid-19.

“Esta acción gubernamental de gran envergadura da claro testimonio de que el Gobierno seguirá inspirándose en el principio de no dejar a nadie atrás”, concluyó.

LOS TEMPOREROS DE LA FRESA. Uno de los puntos concretos que subraya el dossier, y que se mencionó en el diálogo de ayer en el consejo, son las condiciones de trabajo de los temporeros en el sector de la fresa de Huelva, en la mayoría de los casos mujeres procedentes de Marruecos.

Alston visitó un asentamiento de migrantes dedicados a esta labor en Huelva y aseguró en el informe que las condiciones en las que vivían eran “inhumanas” y “entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo”.

“Viven a kilómetros de distancia del agua, sin un saneamiento adecuado ni acceso legal a la electricidad”, denunció Alston en el documento, una situación que su sucesor, De Schutter, volvió a recordar ayer.

El defensor del pueblo añadió que coincide con las opiniones de los expertos de Naciones Unidas y emitió recomendaciones a los ayuntamientos de la zona para que afronten unas situaciones que “en algunas circunstancias podrían convertirse en problemas de salud pública”.