Rechazo unánime del CGPJ al núcleo de la ley del “solo sí es sí”

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó, por unanimidad, los dos ejes fundamentales del anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del “sólo sí es sí”, la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación.

El órgano de gobierno de los jueces aprobó ayer su informe sobre el texto del Ministerio de Igualdad para reformar la tipificación de los delitos sexuales, un dictamen crítico –pero no vinculante– que llega tras cuatro meses de deliberaciones y se opone al núcleo de la norma.

El pleno del CGPJ respaldó la propuesta elaborada por los magistrados Roser Bach, Pilar Sepúlveda y José Manuel Fernández (encuadradas las dos primeras en el considerado sector progresista y el tercero, en el conservador).

Su dictamen sobre la ley del “sólo sí es sí” estima que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima de delitos sexuales puede comportar una “inversión de la carga de la prueba”, informa Efe.

El anteproyecto indica que “se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”.

El problema, alertaban los vocales del CGPJ, no es conceptual, sino de prueba: “Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia”.

Además, a su juicio, no se evitará con esa definición la denominada “victimización secundaria”, ya que los interrogatorios girarán sobre el modo en que la víctima suele prestar su consentimiento sexual, para determinar que en el caso en cuestión lo hubo.

El segundo aspecto clave de la ley, la eliminación de la distinción entre abuso y violación –que está en el origen de la norma tras las protestas por las primeras sentencias de La Manada– tampoco fue vista con buenos ojos por el órgano rector de los jueces.

En el anteproyecto se opta también por eliminar el delito de abuso sexual y crear una categoría única de agresión sexual para evitar que fuera considerada abuso una violación en la que no se lograra probar la existencia de violencia o intimidación.

Los ponentes creen que eliminar el delito de abuso sexual puede perjudicar a la víctima y derivar en desprotección, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves. Para evitarlo, proponen crear una modalidad agravada de agresión, con violencia o amenazas, en la que se imponga la pena en su mitad superior.

Valoración. Pese al informe desfavorable, el Ministerio de Igualdad anunció que seguirá adelante con el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual.

Así lo aseguró la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en una “primera valoración”. “Si el informe del CGPJ va en sentido regresivo, como pasó con los de la ley contra la violencia de género y el matrimonio igualitario, la obligación del Gobierno y de los proponentes de la ley –los ministerios de Igualdad y Justicia– es seguir adelante”, destacó Rosell.