La ultraderecha francesa explota la revuelta de las 'banlieues' para diseminar la xenofobia

Después de la tormenta, una calma aparente. La "situación ha vuelto prácticamente a la normalidad" en Francia, dijo el miércoles la primera ministra, Élisabeth Borne, tras una semana de revuelta de los jóvenes de las 'banlieues'. Este declive en los disturbios también es palpable en las calles de Nanterre, donde empezó esta oleada de rabia tras

que recibió un disparo a quemarropa por un agente de policía en esta localidad del noroeste de París. Allí siguen en las calles los restos de coches calcinados y pintadas de "Jode a la policía, abajo el Estado" o de "Un policía y una bala. Justicia social" en los paneles de publicidad.

Del 27 de junio al 3 de julio, el país vecino se vio sacudido por una oleada de violencias urbanas con una intensidad superior a lo vivido en los últimos años, así como la revuelta de las 'banlieues' de 2005, que duró tres semanas. El balance de dos muertos (un joven en Marsella que recibió un disparo policial de una bala de goma en el pecho y un hombre que perdió la vida debido a la bala perdida de un manifestante) representa las consecuencias más trágicas de estas protestas violentas. Pero lo ocurrido tras el "homicidio voluntario" de Nahel dejará una huella, al menos a corto y medio plazo. 

Así lo cree Christian, de 63 años, padre de un hijo de unos 40 años que vive en el mismo barrio que el adolescente muerto, donde empezó la revuelta. Sentado en un banco en una soleada mañana en Nanterre y mientras fumaba un cigarrillo, este padre de familia con un look de rastafari expresaba sus temores sobre las consecuencias políticas de estos disturbios: "Todo esto es pan bendecido para la Reagrupación Nacional (de Marine Le Pen). Ha dado argumentos a la ultraderecha para que diga que los jóvenes de las 'banlieues' no están integrados".

Escalada de declaraciones racistas

La RN y Reconquista, del islamófobo Éric Zemmour, soplan sobre las brasas de esta nueva revuelta de las 'banlieues', barrios y localidades periféricas con un elevado porcentaje de población con raíces extranjeras. Aunque Le Pen ha tenido la habilidad de mostrarse discreta —ha dejado que las imágenes hablaran por sí solas y que otros le hicieran el trabajo sucio—, la oleada de disturbios ha tenido como respuesta una espiral de declaraciones xenófobas, así como propuestas de mano muy dura en materia de seguridad. Una reacción abanderada por formaciones de ultraderecha y milicias neonazis patrullando por las calles, pero también por partidos conservadores tradicionales como Los Republicanos (LR, afines al PP) y sindicatos policiales.

Después de la muerte de Nahel, los dirigentes lepenistas no mostraron ninguna compasión por el adolescente que perdió la vida. Solo se concentraron en defender la presunción de inocencia del policía imputado por "homicidio voluntario" y encarcelado de manera preventiva. Además, hicieron responsable a la víctima de su propia muerte por no haber acatado a una orden policial y por conducir sin carné de conducir. 

A medida que la violencia callejera fue in crescendo durante las tres primeras noches, la escalada verbal llegó a límites peligrosos para el Estado de derecho. Los sindicatos mayoritarios en la policía —un cuerpo en que han penetrado con fuerza las ideas de ultraderecha— publicaron un comunicado en que describían la situación actual como "una guerra". También tachaban de "salvajes" a los que cometen los disturbios, cuya media de edad es de 17 años. Unas palabras que solo han recibido críticas muy tímidas por parte del Gobierno.

"Solo puede favorecer a los neofascistas"

La liberación de la xenofobia —y su demonización de las 'banlieues'— ha venido acompañada por una competición para ver qué partido de la ultraderecha y la derecha hacía la propuesta más dura en materia de seguridad. La RN ha pedido la "instauración de una presunción de legítima defensa" para cualquier disparo de la policía. Marion Maréchal —una de las principales dirigentes del partido de Zemmour, pese a ser la sobrina de Le Pen, y muy cercana a Vox— ha defendido que cualquier ciudadano tiene "el derecho de defenderse, incluso matando, si alguien se mete en su casa". Éric Ciotti, presidente de LR, ha propuesto que quiten la nacionalidad francesa a los "bárbaros" que "atacan a un ayuntamiento o una escuela".

Esta oposición de derechas desatada ya se hace notar en la respuesta del Gobierno de Emmanuel Macron. Aunque el dirigente centrista reaccionó al impactante vídeo del "homicidio voluntario" del adolescente tachándolo de "inexplicable e injustificable", endureció su posición a medida que se multiplicaban los disturbios nocturnos. "No creo para nada en que un nuevo plan para mejorar la situación en las 'banlieues' sea la solución", aseguró esta semana el ministro de Economía, Bruno Le Maire, quien dijo priorizar la "firmeza". El presidente aseguró contemplar sanciones financieras para las familias de los adolescentes que cometen disturbios. Y habló incluso de "cortar las redes sociales", unas declaraciones luego matizadas por el equipo de comunicación del Elíseo al ver que sonaban más bien propias del mandatario de un régimen iliberal.

La revuelta de las 'banlieues' "solo puede favorecer a los neofascistas. Pero también representa un problema aquellos que acompañan esta deriva (Macron y la derecha tradicional) y consideran que deben hacer todo lo posible para tranquilizar a la policía y al electorado de ultraderecha", sostiene el sociólogo Éric Fassin, experto en temas de antirracismo. "Nadie imagina que Macron tendrá una reacción como la de Chirac en 2005", añade este profesor en la Universidad París 8 Vincennes-Saint-Denis. Aunque entonces el Ejecutivo decretó el estado de emergencia al cabo de dos semanas de revuelta, el presidente conservador también se refirió a los que quemaban los coches como "nuestros hijos" y denunciaba las "discriminaciones raciales".

Dieciocho años después, resulta una evidencia el avance de las ideas de ultraderecha, sobre todo en temas de inmigración, islam y la caricatura que se hace de las 'banlieues'. Esto limita el margen de maniobra de las autoridades para confrontarse a problemas enquistados, como el racismo o los abusos policiales. Y así cortar las raíces de futuros estallidos sociales en estos territorios periféricos.