Dudas ante un alcalde trilero tras la retirada del recurso del IBI y garantía en terrazas

El PP de Ames destaca su “satisfacción” tras la retirada del orden del día plenario de una ordenanza fiscal sobre terrazas que imponía garantías de hasta 60 euros por metro cuadrado. Y también se informó de que no se piensa recurrir la sentencia que impide aplicar en 2020 la subida del 13 por ciento en el IBI. Pero sin embargo, y vistos los precedentes de trilerismo crónico que acusa el regidor, la oposición manifestó sus dudas ante posibles artimañas para poder aplicar sendos gravámenes muy criticados tanto por vecinos como hosteleros.

Y el problema es que motivos para desconfiar no le sobran a Ramón García Argibay ni a los lugareños. En cuanto a la ordenanza de las terrazas, hay que recordar que el documento inicial que se entregó a la oposición y al sector hostelero, y que sirvió de base para la realización de aportaciones, recogía en el artículo 17.3 la obligación del empresario de constituir una garantía que sería un porcentaje de la tasa correspondiente a una anualidad; porcentaje que sería del 20% o del 40% en función del tipo de terraza posponiéndose a la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal para evitarse así que el sector tuviera que hacer frente al pago de las tasas correspondientes del ejercicio.

El caso es que, a pesar de ello, la garantía fue rechazada por el sector, que pidió su supresión mediante escrito de alegaciones presentado el 30 de junio de 2020. Pero el tripartito no cejó, pese al rechazo generalizado a esta medida y, en vez de suprimirla, el ejecutivo local de forma unilateral la reformuló.

SUSTITUCIÓN. Así, se sustituiría la garantía fijada en función de un porcentaje sobre la tasa anual, por otra garantía que se cuantifica en el anexo II, y que la elevaría a 60,10 euros por metro cuadrado. Con esta nueva garantía, se exige a una terraza de 25 metros cuadrados el depósito de 1.502 euros, cantidad que supera el triple de lo que supondría aplicar el sistema inicialmente previsto.

Pero aún hay más: tras la aprobación provisional en sesión plenaria de 29 de diciembre de 2020, se llevaba a exposición la ordenanza... recibiendo tres alegaciones que impidieron aprobarla. Y ni así: frente a esta aportación presentada por el grupo popular, el tripartito pretendía volver a dar el cambiazo en el sistema de fijación de garantía presentando una propuesta consistente en establecer tres tarifas: de 25 €, 30 € y 60 € en función del tipo de suelo sobre el que se autoriza la terraza, nuevamente sin mediar consenso y resultando de nuevo unas cantidades que, a juicio del PP, continúan siendo desproporcionadas y abusivas para el gremio.

Finalmente se decidió que se retomaría en un futuro pleno, aunque los populares creen que, al igual que con el IBI, y ante las posibles consultas legales de regidor y su equipo, podrían acabar intentando un nuevo asalto al bolsillo de ciudadanos y empresarios maianos, con la excusa de no ponerle un “freo as políticas públicas amesás” en una pandemia que está dejando sin recursos a miles de personas.

En la misma sesión se dio luz verde al contrato ampliado de limpieza pública, por diez años y algo más de un millón de euros, y a las propuestas de Ciudadanos para condenar los altercados por la encarcelación de Pablo Hásel y solicitar dimisiones en caso de que alguien se salte el protocolo de vacunación. Asimismo, se acordó aumentar las horas del Servicio de Axuda no Fogar, que se va a ampliar en 850 horas.