Nuevo fallo judicial contra Ames, este por cobro de avales
Se refiere a los de los accesos y zonas verdes sin ejecutar en una urbanización de O Milladoiro
El PP de Ames divulga una nueva sentencia contra el Concello, que sigue sin constar en la página de trasparencia –el regidor asegura que los fallos se suben a finales de año, a falta de catorce días– y que se refiere a una incautación de avales en la urbanización PM5-03 de O Milladoiro. Allí hubo que adecuar zonas verdes y accesos entre las calles Rosalía de Castro y Costa Grande que no había acometido la promotora y, según los populares, “obriga á devolución de avais, xunto con xuros” y además impone costas.
De esta manera, la formación que lidera Ramón García Argibay acusa al tripartito encabezado por el PSOE de “ocultamento”, y apuntan que conocieron este pronunciamiento judicial a raíz e la aprobación del suplemento de crédito 3/2020. Según su testimonio, en dicho suplemento “recóllese un total de 87.719,84 € para facer fronte ao importe de execución desta obra pola devolución dos avais incautados en virtude da sentencia ditada, xunto coa partida de 10.079 euros en concepto de intereses derivados dos avais incautados”.
Pero para conocer el origen de esta polémica judicial hai que remontarse 15 años atrás, “cando xurdiron as deficiencias na urbanización situada no Milladoiro denominada PM5-03, que conta con 200 vivendas, emprazadas entre as rúas Figueiras e da Moa e entre a Avenida de Rosalía de Castro e a Rúa Costa Grande”, apunta la oposición. Esas carencias salieron a la luz tras solicitar la promotora en 2005 la recepción de unas obras que non se habían ejecutado según lo establecido en el proyecto, por lo que la administración se incautó de avales por 530.000 €.
A partir de entonces se suceden los proyectos de adecuación de ese entorno, y a principios de 2011, con el PSOE en el poder, se presenta uno de reparación por 29.928 €. Al ser insuficiente para actuar, tal como advirtió el PP, el pleno aprobaba otro en 2017 (adjudicado en mayo de 2018 por 231.665 €). Y mientras se sigue hablando de incautar avales, pero por 356.818 €, el mutismo sobre la judicialización del caso es total. Finalmente, una sentencia de 24 de abril de 2019 resulta contraria al Concello (que apeló al Tribunal Superio TSXG, siendo desestimado e incluyéndose costas).