Lito, el rey de las orquestas, es declarado apto para ser juzgado y se niega a declarar
Pontevedra. El empresario Ángel Martínez Pérez Lito, conocido popularmente como el rey de las orquestas en Galicia, se ha negado a declarar ante la Audiencia de Pontevedra tras ser declarado apto para ser juzgado por fraude fiscal.
El juicio, que había sido suspendido en cuatro ocasiones, ha comenzado este lunes después de que el tribunal de la sección segunda de la Audiencia pontevedresa concluyera que el empresario “comprende” la acusación contra él y es “capaz de participar en su defensa”.
Fue después de que una psicóloga del Instituto de Medicina Legal de Galicia presentara un informe que refleja que, tras examinar al acusado, no se han detectado en él dificultades en la memoria a largo plazo ni ninguna incapacidad comprensiva.
El abogado de Ángel Martínez Pérez Lito, Carlos Seoane, lamentó que dicho informe fuese “incompleto” al solo valorar el estado mental de su defendido a nivel psicológico, sin tener en cuenta cuestiones psiquiátricas ni neurológicas.
“Si es incapaz de manejar una cafetera Nespresso, no va a ser capaz de enfrentarse a un juicio”, explicó el letrado, que recordó que un juzgado de lo social ya declaró la incapacidad del empresario y reclamó el archivo provisional de la causa abierta contra él.
Tras comenzar la vista oral, Lito se acogió a su derecho a no declarar alegando que no estaba “en condiciones” ni se sentía “preparado”.
El juicio se retomará el próximo jueves con la declaración del segundo acusado en esta causa, Javier Arca Casal, como representante legal de Representaciones Lito SL, empresa de la que Ángel Martínez Pérez tiene el 51 % de las acciones.
En este procedimiento, Lito está acusado de seis delitos contra la Hacienda Pública por no haber tributado lo debido en el impuesto de sociedades, el IRPF y el IVA de 2011 y 2012, por los que la Fiscalía solicita catorce años de prisión.
Por estos mismos hechos, el empresario ya había sido condenado en 2018 a doce años de cárcel y al pago de casi 47 millones de euros, pero el Tribunal Supremo anuló el fallo y ordenó que se llevara a cabo la repetición del juicio. efe