Corregir una injusticia desde Bruselas

FUE EL MORALISTA Y FILÓSOFO francés Jean de la Bruyere quien un siglo antes de la Revolución francesa, harto de la corrupción de los poderes públicos, acuñó una frase que a lo largo de los años se fue amoldando pero que mantiene plena vigencia: “Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”. Recuperarla es necesario, y oportuno, ante determinados hechos de actualidad. En este caso porque la Comisión Europea acaba de enviar al Gobierno de España una comunicación oficial anunciando la apertura de un procedimiento de infracción por haber prorrogado la concesión de la autopista de peaje AP-9 sin haber hecho una licitación pública. De acuerdo con la normativa, nuestro país presentará alegaciones y si la CE no las admite a trámite, que es lo evidente, será el Tribunal de Justicia de Europa quien imponga la correspondiente sanción. Una práctica en la que España tiene mucha experiencia: está entre los tres estados que más multas desembolsó en lo que llevamos de siglo por saltarse las estrictas reglas comunitarias. No es este negativo liderazgo la cuestión. El meollo del asunto, que volvería a denunciar De la Bruyere, estriba en que los organismos comunitarios inician ahora, tras la demanda presentada por una plataforma vecinal viguesa, un proceso cuando han transcurrido 21 años desde que se produjo la última adjudicación. Fue en 2000 cuando el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar tomó la controvertida decisión de prorrogar hasta 2048, un cuarto de siglo más de lo previsto, la concesión administrativa a Audasa de la AP-9. De ese modo podría seguir explotando con peajes una autopista que desde 2015 debería haberse convertido en una vía gratuita de alta capacidad y que ahora mismo es el negocio más lucrativo que tienen los accionistas de esa empresa. Dicen en Bruselas que, “según el derecho de la UE, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación” e instan al Gobierno a subsanar las deficiencias. Este procedimiento de infracción es un auténtico varapalo para los ejecutivos de PP y PSOE que a lo largo de estos años no dudaron en beneficiar a una firma privada. Y debería suponer un punto de partida para recuperar la propiedad de un bien de interés público de suma importancia para Galicia. La injusticia de este retraso de 21 años, y de los peajes desembolsados por los gallegos, solo se subsanará si el Tribunal de la UE obliga a España a actuar con contundencia y poner fin al expolio que sufre nuestra comunidad. Imponer una multa al Estado infractor, lo habitual, sería una nueva tomadura de pelo que acabaríamos pagando los contribuyentes. Y, triste paradoja, ante el regocijo de Audasa.