La plusvalía deja ahora un buen lío

polémica. La decisión del Constitucional de tumbar la plusvalía puede ser más o menos discutible, pero no es una sorpresa. Desde 2017, el Alto Tribunal venía advirtiendo de que había que reformar este impuesto cuyo cálculo era injusto pues daba por hecho que una propiedad inmobiliaria siempre ganaba valor. La crisis de 2008 ya demostró que esto no era cierto, cuando muchos propietarios atrapados por hipotecas para las que necesitaban dos salarios tuvieron que saldar sus viviendas al quedarse sin trabajo, sacando al mercado pisos por menos de lo que les habían costado, pero teniendo que abonar igual por un beneficio inexistente. En este momento la Justicia ya dio un toque de atención, pero ni el Gobierno de Rajoy, ni después el de Sánchez hicieron nada para actualizar este tributo y ofrecer seguridad jurídica a ayuntamientos y contribuyentes. Un dontancredismo que ahora habrá que corregir. Será deprisa y corriendo, como siempre, porque los consistorios tendrán que seguir asfaltando calles, reponiendo farolas o cuidando parques, pero sin los 2.500 millones que aportaba la controvertida tasa. El remedio será cambiar la ley. Pero... ¿qué pasará hasta entonces? Pues que aguardan meses de incertidumbre y una avalancha de recursos judiciales de resultado imprevisible. Un buen lío por dejar para mañana lo que tenía que haberse hecho ayer.