‘Okupaciones’ y leyendas urbanas

UNa DE LaS características fundamentales que debe reunir toda norma jurídica es que tiene que ser lo menos interpretable posible. Es decir, las lagunas y los puntos oscuros han de ser mínimos para que todo el mundo sepa a qué atenerse de una forma clara. Pues bien, algunas leyes del ordenamiento español son tan confusas que ni siquiera los jueces más veteranos se ponen de acuerdo a la hora de aplicarlas, con la gravísima inseguridad jurídica que dichas inconcreciones crean en la sociedad. Si de lagunas y de confusión hablamos, seguramente una de las normas que merecen estar en el podio del oscurantismo es la que regula la ocupación de viviendas ajenas, hasta el punto de que ni los juristas se ponen de acuerdo a la hora de interpretarla... y de aplicarla. No hablemos ya de las personas legas en Derecho, que nunca sabe cómo actuar cuando se ven afectadas por un hecho de estas características y se desesperan al comprobar que la ley parece defender más al delincuente que a la víctima. Santiago, como otras muchas ciudades de España, ha sufrido en los últimos tiempos un fuerte incremento de okupaciones de viviendas –este fin de semana, sin ir más lejos, se registró una en Pelamios– y aquí está ocurriendo lo mismo que el resto del territorio nacional por culpa de una legislación tramposa que da lugar a múltiples interpretaciones sobre lo que es o dejar de ser morada, sobre el grado de protección que tienen las segundas residencias o los inmuebles deshabitados, estén o no sumidos en el abandono, y sobre lo que es o no delito flagrante. En cuanto a la leyenda urbana de que la Policía puede echar a un intruso, sin necesidad de orden judicial, solo si no han transcurrido más de 48 horas desde que se materializó la okupación, en realidad no es más que eso. O sea, una leyenda urbana.

BEATRIZ CASTRO/Periodista