12 de julio, sin emergencia
LA Xunta de Galicia declaró la situación de emergencia sanitaria de interes gallego, un día antes de que entrara en vigor el estado de alarma en todo el país. Feijóo echó mano de una ley de 2006, que permitía esta situación extraordinaria, para cerrar establecimientos y poner a disposición del Gobierno gallego bienes y prestaciones personales.
Como es natural, la inmediata declaración posterior de la alarma nacional por Pedro Sánchez subroga esa emergencia autonomica, pero no la deja sin efectos en su ámbito de competencias. Hay que recordar que las potestades de la comunidad autónoma siguen incólumes en el estado de alarma, según el RD463/2020.
Y es que, en la vorágine infernal de la covid-19, se olvida que las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado, se rigen por el principio de competencia, y no por el de jerarquía, por mucho mando único que exista en Madrid.
El presidente de Xunta de Galicia, pocos días después, decidió la “cancelación” de las elecciones que habían sido convocadas para el 5 de abril “hasta el levantamiento del estado de alarma” .
Por ello, tiene razón Gonzalo Caballero cuando reprocha a Feijóo el incumpliento de lo que había sido acordado por los partidos concurrentes al proceso electoral interrumpido.
En definituva, que en ejercicio de sus competencias, Galicia celebrará elecciones propias el próximo 12 de julio, con el estado de alarma en vigor. Pues, como vengo insistiendo desde las páginas de EL CORREO GALLEGO, en ningún momento la declaración del estado de alarma lo impide jurídicamente.
Un proceso electoral que empieza así de cero (presentación y proclamación de candidatos, censo, voto por correo y campaña electoral), y que tiene que realizarse sin emergencia sanitaria, lo que exige que la Xunta formalmente module esta situación.
El Derecho, por muy mal que se venga aplicando, exige un poco más de respeto por parte de las autoridades políticas, que son las primeras obligadas a su cumplimiento y sujeción. Sólo sea porque el Derecho y la Ley emanan de la voluntad general del pueblo.