Ahogo burocrático
A día de hoy, casi diez años después de haber sufrido las terribles consecuencias de hasta dos terremotos que acabaron con nueve vidas humanas, más de 300 heridos y el destrozo de centenares de viviendas, la mayor preocupación de decenas de vecinos de la localidad murciana de Lorca es tener que justificar hasta el último céntimo del dinero recibido como subvención para reconstruir sus hogares o, caso contrario, devolver un dinero que no tienen.
Hace escasos fechas y en junta general, los Gestores Administrativos de Galicia hicieron pública su indignación por el deficiente funcionamiento y falta de eficacia de la Administración en la gestión de los ERTE, además de reconocer la inseguridad jurídica en que se encontraban y los problemas que generaban las inspecciones en la búsqueda de posibles irregularidades.
No hace tanto que la simple tala de un árbol en Galicia implicaba el requisito previo de hasta seis autorizaciones distintas que había que lograr en cada una de las ventanillas afectadas.
Son, los citados, tres variopintos ejemplos del principal mal que afecta a todo proyecto emprendedor que se topa con unas administraciones públicas ahogadas en montañas de papeles sin ton ni son, sin la más elemental interconectividad interdepartamental –incomprensible de todo punto con el actual avance de las tecnologías del Big Data– y en exigencias superpuestas en las que cada institución reclamante se quiere erigir en primera y capital.
Una maraña administrativa que lejos de aligerarse se incrementa año tras año en la exponencial medida en que crece un corpus legislativo –europeo, central y autonómico– sin clara razón de ser y que parte del apriorístico principio de la culpabilidad del ciudadano. Que además de exigirle la demostración certificada de su cuestionada inocencia tenga que pagar por cada una de las certificaciones, no es más que la guinda del mayúsculo despropósito.
Fue el departamento de Costas del Estado de los primeros en transponer la Directiva Comunitaria 2006/123
–sin desarrollo legislativo hasta 2015, que ¡ya es demora!– y llevar un poco de cordura a la Administración a través de la Declaración Responsable y la Comunicación Previa por medio de las cuales el administrado reconoce no ser un delincuente y se compromete a no contravenir la ley, en vez de tener que justificarlo con proyectos y certificaciones. El ejemplo, más tarde que pronto, está empezando a calar en los diferentes estamentos administrativos y es lo que va ganando en buen juicio la Administración pública, por más que aún queden muchos muros de inútil burocracia que derribar –pensar en una ventanilla única universal es ensoñación o calentura mental–.
La Xunta, en esa iniciada senda de cordura, acaba de empeñar su palabra –sino en la nada despreciable maraña que todavía mantiene como ahogo burocrático– al menos en una propuesta de ley de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica de Galicia para aquellos proyectos destinados a revertir la crisis por la pandemia del COVID-19.
No es mal comienzo. Y acaso más que el destinatario específico de estas medidas lo que sí realmente importe poner en valor es que, al menos por una vez, el sentido común empieza a colarse por entre los laberínticos papeles de la Administración. En este caso, para no perder el tren de las regalías europeas. No deja de ser el comienzo de un buen camino; si no ayudan, al menos que no estorben.