Andalucía, sin viernes negros
POR su reiteración, es ya lugar común la defensa que todo político hace de la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. La experiencia demuestra, sin embargo, que tal bondad democrática resulta siempre inversamente proporcional al comportamiento efectivo –a mayores elogios menos cumplimientos– una vez alcanzada alguna parcela de poder desde la que coartar dicha libertad, tanto en los medios públicos –que motivó la protesta de los profesionales con los Viernes Negros de RTVE y otras televisiones autonómicas, Galicia incluida– como en los de iniciativa privada.
Tan hipócrita comportamiento tuvo un copernicano giro de indisimulada realidad con la llegada de Podemos al Gobierno. Desde entonces, y desde todo el Ejecutivo, la persecución de los medios no afines alimenta los argumentarios de cada día. Fue el continuado discurso de un Pablo Iglesias que como vicepresidente del Gobierno culpó, desde la tribuna del Congreso, a los medios de comunicación de constituir un contrapoder contra el Ejecutivo sin poseer legitimidad alguna para ello, por lo que proponía un control democrático (político-censor) sobre los medios e ir reemplazando la prensa privada por prensa estatal.
La pasada semana, y también desde el Congreso el propio Pedro Sánchez acusó por primera vez a un medio de comunicación concreto, la Cadena Cope, y a un periodista, Carlos Herrera, como hostiles al Gobierno.
Tal acusación se producía pocas semanas después de la más flagrante intromisión del Gobierno en la televisión pública, CRTVE, impulsando la dimisión de quien presidía, por amplio consenso parlamentario, su Consejo de Administración; nombrando con carácter interino a una persona afín y dotando dicho nombramiento de capacidad ejecutiva que sólo el Congreso podría proveer. Una clara añagaza en vísperas de un año electoral y que no disimula el creciente desprestigio del ente público, con tres presidentes en dos años y 450 millones anuales para un exiguo 10% de audiencia. Una tropelía que el Comité Intercentros ha decidido por mayoría absoluta recurrir por vía judicial.
Tal arbitrariedad gubernamental ocurre también unas pocas semanas después de que la Unión Europea hiciera público –15 de julio– su anual Informe sobre el Estado de Derecho de 2022 en el que formula una serie de requerimientos sobre el reparto transparente y equitativo de la publicidad institucional, la gobernanza independiente de los medios de comunicación de servicio público y las medidas para mejorar la seguridad de los periodistas. Exigencias todas que adquirirán condición de obligatoriedad con la próxima Ley de Libertad de los Medios de Comunicación que prepara. ¿Se atreverá Sánchez a conculcarla a riesgo de perder fondos europeos, amenaza que pende ahora mismo sobre otro de sus incumplimientos a requerimiento del Consejo?
Frente a lo ocurrido en RTVE, el parlamento andaluz aprobó este jueves por 101 votos a favor (PP, PSOE y Vox), seis en blanco y uno nulo, renovar el consejo de administración de su Televisión autonómica en un nítido ejemplo de pluralidad política que le salva de los Viernes Negros. Más que eso, ¿no será ese evidenciado talante el que explica la mayoría absoluta de Juanma Moreno?