Basta ya de matarnos
VIVIMOS un repunte de una lacra que asola nuestra sociedad sin control; la violencia machista. Y me pregunto qué le pasa a este país. ¿No importamos las mujeres?
Bien es cierto que, en estos últimos años y, motivado, sobre todo, por la errónea política desarrollada por este Gobierno, las mujeres vemos amenazados, no sólo nuestros derechos sino nuestra integridad y nuestra vida. Desde el Ministerio de Igualdad con la secretaria de Estado contra la violencia como principal responsable y el Ministerio de Justicia, la interacción y relación con las víctimas, asociaciones y/o Consejo nacional de asociación de víctimas es nula. Es decir, no existimos. Lo mismo ocurre con el Congreso, donde no se nos quiere oír, ni se nos permite hablar.
El machismo como tal, desgraciadamente no se podrá desterrar definitivamente de nuestras sociedades, pero sí se pueden adoptar medidas para mitigarlo, reducirlo y evitar el elevado número de asesinatos de mujeres y menores y, sobre todo, el sufrimiento del maltrato que vivimos las víctimas a diario en los juzgados. Y hablo con esta rotundidad porque llevo años estudiando, investigando e interaccionando con cientos de mujeres/madres víctimas que me comparten sus experiencias, con el fin de que pueda aportarles alguna solución o para facilitar datos que son incluidos en mis investigaciones sobre estos temas. Y también, puedo hablar en primera persona, como víctima que lo he sufrido con especial intensidad.
En este espacio no hay lugar para abordar la complejidad del tema, pero sí referenciar algunos de los puntos que requieren de acciones y medidas urgentes. Lo primero es dejar de tirar el dinero en campañas que no sólo no son efectivas, sino que son contraproducentes para la sensibilidad social. Los recursos tienen que centrarse en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los juzgados.
Hay que acometer medidas urgentes que van desde la revisión de la vigencia de las órdenes de protección a la tramitación por parte de jueces y fiscales de todas las órdenes de protección y otras medidas que se trasladan en los juzgados y no son atendidas. Es imprescindible que para que una mujer decida denunciar se le crea, y sigue sin hacerse en muchos casos.
Se requiere una modificación urgente de la prioridad de protección y derechos, y esto es que se prime la protección de mujeres y niños sobre la rescisión de otros derechos. Es indispensable realizar profundas modificaciones en los procedimientos de Derecho de familia, en relación con divorcios y custodias. Es imperativo, la modificación de la responsabilidad personal de los jueces y fiscales, en cuanto a sus decisiones sobre la protección de mujeres y menores, así como, la reforma del régimen disciplinario de estos funcionarios.
No es aceptable en ningún Estado de Derecho que un funcionario que es garante directo, por sus decisiones sobre la seguridad y la vida de mujeres y menores, no tenga responsabilidad alguna cuando por su inacción o mala praxis se producen asesinatos.
Urgen un cambio radical, no se pueden seguir manteniendo políticas mentecatas, irresponsables y huecas que no nos protegen. Hay soluciones, pero ni desde Ministerio de Igualdad (principal responsable del fracaso) ni desde Justicia se quieren atender. Exijo como víctima y como experta que se me escuche porque, como ya lo definió Goethe, no hay “nada hay más terrible que una ignorancia activa” que es como se podrían definir las políticas desarrolladas por Igualdad y Justicia.
He trasladado a la secretaria del presidente del Gobierno mi disponibilidad para incorporarme, en calidad de experta y como víctima que he sufrido los fallos del sistema, a la Comisión Interministerial contra la Violencia contra la Mujer, veremos si hay respuesta.