Brasil o el caos
LA República Federativa de Brasil dista mucho de ser un país fallido, o con una democracia débil y convenenciera. De hecho, lo ocurrido el 8 de enero no es más que un episodio puntual, vergonzante e inaceptable en un país que lucha por sacar a América Latina de un ostracismo que no merece. Hablamos de una nación socialmente dividida y fracturada políticamente, sí; pero no más que tantos otros territorios democráticos a lo largo del mundo. Por eso no es justo generalizar, ni asumir que lo acontecido responde a la ira de la mitad de la sociedad brasileña por la toma de posesión de un Lula da Silva relacionado antaño con la corrupción; especialmente cuando los últimos sondeos demuestran que el 93 por ciento de los ciudadanos de Brasil rechazan y condenan sin matices el asalto a las tres sedes del poder del Estado.
Otra cosa es que un 55% de la población responsabilice a Jair Bolsonaro por sus exabruptos y declaraciones tras las elecciones del 30 de octubre de 2022. Pero también en esto debemos ser cautos; pues existe un interés político en EE.UU. y también en la UE, para relacionar al frente republicano estadounidense, o al conservador y de derechas europeo, con el ámbito de la rebelión y las algaradas. Sabemos que esto no sólo no es así, sino que se debe reducir a la esfera del radicalismo, asentado tanto en el populismo, como en el extremismo de derechas e izquierdas.
Es más; vincular el asalto al Congreso, a la Corte Suprema y al Palacio presidencial de Brasil, con la irrupción también violenta en el Capitolio del 6 de enero de 2021, me parece tan forzado como asemejarlo, aunque sea salvando la distancia y la proporcionalidad, a sucesos acaecidos en España como el intento de asalto al Parlament de Cataluña por parte de la izquierda radical en 2011, el cerco al Congreso de 2016 tras la investidura de Rajoy, los disturbios del ‘procés’ de 2019 tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes secesionistas, o el acoso al Parlamento andaluz también en 2019 y liderado por el PSOE, tras la victoria del PP de Juanma Moreno en las urnas.
Además, en todos esos casos, y especialmente en el de Brasilia y Washington, hablamos de apenas unos pocos miles de violentos radicales de distinto signo político que nada tienen que ver con los principios democráticos y el respeto a las instituciones y a la libertad que defienden los millones de votantes de esas grandes formaciones políticas con las que se los pretende relacionar. Aun así, y dado el daño causado y el impacto mediático, los responsables, promotores y ejecutores de los tumultos deberían ser puestos ante la justicia, reforzando el orden Constitucional, y tipificando bien en los Códigos Penales respectivos unos delitos que nunca deberían ser derogados ni considerados meros desórdenes públicos agravados.