Canarias no se fía de Sánchez
EL Instituto Geográfico Nacional continúa registrando más de un centenar de movimientos sísmicos diarios en La Palma; algunos de ellos entre 4 y 5 de magnitud. Esto tiene en vilo a los palmeros y al resto de nuestros hermanos canarios.
De hecho, a principios de esta semana, un terremoto de gradación 5, e intensidad V en una escala de VII, pudo sentirse incluso en Tenerife y La Gomera. Por otro lado, las emisiones de dióxido de azufre también se han disparado, lo cual lleva a los científicos a prever que la erupción de Cumbre Vieja puede llegar a ser la más larga de los últimos 500 años.
Siendo esto terrible para la seguridad y la tranquilidad de los canarios, lo cierto es que no es sólo la lava, la nube de contaminación, la sismicidad, y las cenizas, lo que preocupa a los isleños. A estas alturas de la erupción, y cuando llevamos dos meses y medio de magma y coladas, las ayudas siguen sin llegar a La Palma.
Queda demostrado que las visitas a la isla tanto de Pedro Sánchez como de sus ministros no traen acarreadas ni dinero ni soluciones para las familias que han perdido sus casas, sus trabajos, sus plantaciones y sus ingresos. De hecho, buena parte de los sectores agrario, industrial y hasta pesquero han tenido que cesar su actividad. Pero el retraso de las ayudas ya no sorprende a nadie.
Hasta Bruselas le ha dado un tirón de orejas a Sánchez por su demora en la gestión de los Fondos Europeos. La descoordinación es obvia, salvo cuando se trata de nutrir a las sedes sindicales, o de aprovisionar a Cataluña y al País Vasco.
La propia diputada de Coalición Canarias Ana Oramas ha lamentado que en los Presupuestos Generales de 2022 “no hay un euro para La Palma”; todo ello pese a que la UE ofreció para atajar la tragedia del volcán hasta 500 millones de su plan especial para catástrofes en territorio comunitario.
Y de los prometidos 200 millones del Gobierno, tan sólo han llegado 5 para viviendas (se han facilitado apenas una docena de casas). Es por ello que los palmeros claman al cielo por el abandono al que se ven sometidos.
Yo mismo compruebo estos días sobre el terreno su frustración. Los afectados sólo disponen de la solidaridad familiar y vecinal para ayudar a quienes malviven en cobertizos, caravanas y camionetas. Hablamos de 2.000 viviendas y 7.000 personas hacinadas o convertidas en ‘sin techo’; sin infraestructuras ni colegios ni suministros.
Frente a ello, la burocracia todo lo paraliza, pues exige una inversión de reconstrucción y reactivación para recibir esas pírricas ayudas que tardan en llegar; y las partidas de apoyo social brillan por su ausencia. Incluso el dinero del Consorcio de Seguros revierte sólo en las entidades financieras que cubrían las hipotecas y préstamos de los afectados. Como para fiarse del Gobierno.