Conculcación de derechos
EN un Estado, para que los ciudadanos vivan con seguridad jurídica, no sólo tiene que haber leyes que delimiten derechos, deberes e ilegalidades así como que indiquen cual es la pena si se vulneran. Tienen además que cumplirse, especialmente por el poder. El cumplimiento de las leyes debe regir para todos los ciudadanos independientemente de su género, estatus social, económico o cultural, incluyendo, como es natural, a los cargos políticos.
No es de recibo, como estamos acostumbrados a ver, que algunos políticos incumplen normas que ellos mismos han proclamado como de obligado cumplimiento para la ciudadanía. Fue muy comentado cuando la presidente (sic) de Baleares Francina Armengol se saltó olímpicamente la norma estando en un restaurante después de la hora de cierre marcada para combatir el covid. También vimos a Revilla meterse entre pecho y espalda un tremendo puro dentro de un restaurante, cuando para el resto de los ciudadanos está penado fumar en esas circunstancias. Que pasen cosas de ese tipo es relativamente frecuente y no una excepción. Esto causa una sensación de injusticia y cabreo monumental en los ciudadanos cumplidores de las leyes.
Las leyes, ordenanzas y normativas, nos guste o no, hay que cumplirlas, y más aún las autoridades políticas. A alguno le puede parecer que exigir tener 18 años para conducir coches es una tontería, puesto que en determinados estados de USA se puede hacer a los 16 y no se hunde el mundo allí. Si se piensa que es bueno cambiar la ley al respecto, debe hacerse, pero mientras tanto hay que cumplir la vigente.
Las leyes, normas o reglamentos, para que sean justos, deben amoldarse a la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 3 de su título preliminar, en el epígrafe 1 dice textualmente: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Su epígrafe 2, proclama: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Toda normativa que incumpla esto es a todas luces injusta y debe ser nula de pleno derecho.
Es decir, que un español que viva o vaya a cualquier sitio de España tiene el derecho de usar el castellano como lengua de comunicación en medios oficiales y su interlocutor, si es español, sea de donde sea, debe entenderlo. Otra cosa es que este ignore o eluda que las lenguas son un medio de comunicación propia de los humanos y no un arma política que sirva precisamente para poner barreras con el fin de no entenderse. De igual manera a nadie se le puede obligar a comunicarse en castellano en medios oficiales si quiere usar la lengua vernácula en su comunidad autónoma, si es que la tiene. Hasta ahí podíamos llegar.
Por eso me ha llamado la atención leer en un medio de comunicación que la señora Armengol, pertinaz incumplidora de la ley, ha decidido expedientar a los sanitarios que durante su trabajo no usen el catalán como medio de comunicación. O sea, que si yo soy un médico español ejerciendo en Baleares, que es parte de España y hago uso del derecho de hablar en castellano como me reconoce la Constitución, la presidente (sic) de esa comunidad autónoma, cuyo poder ejerce después de prometerla (no creo que la haya jurado), me expedienta. Semejante barbaridad es difícil concebir que pueda cometerla una autoridad política.
Creo, aunque me equivoque, que ante tamaño atropello alguien del poder judicial o de la fiscalía, debía decirle de oficio por el conducto reglamentario a esta mujer que está conculcando un derecho fundamental de los sanitarios. Tengo la seguridad de que si actúan los jueces será por que han denunciado los perjudicados, algún sindicato (lo dudo) o algún partido político. Y lo más que harán será advertir a la presidente (sic), de que esa normativa no se ajusta a la legalidad.
La señora Armengol, como alta representante del Estado en Baleares debe saber, y si no lo sabe para eso tiene asesores pagados por el erario para ilustrarla, que no puede dictar normas que vayan en contra de las leyes y menos aún de la Constitución.
Aquí, mientras que a los políticos les dé por promulgar normas manifiestamente ilegales, con conocimiento de que lo son y no respondan penalmente de sus actos, se seguirán produciendo casos como este.