Conde-Pumpido: ¿juez o progresista?

EL Tribunal Constitucional no es, en stricto sensu, un órgano judicial aunque se llame tribunal. No depende del poder judicial, en cuya cúpula se encarna el Tribunal Supremo. La misión del TC es velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales, pero los profanos en leyes lo equiparamos en muchas ocasiones con la última instancia a la que recurrir, en territorio español pues también hay tribunales europeos, cuando entendemos que se atenta contra la Constitución. Por este motivo, aunque en su elección intervienen los partidos políticos y el Gobierno, debería ser un órgano neutral e independiente.

¿Es independiente el TC? No me atrevo a juzgar individualmente a sus miembros y menos a presumir intenciones, pero el currículo de algunos, o bastantes de ellos, los aproximan a las principales ideologías reinantes el tablero político del país. El ayer elegido presidente, el gallego Conde-Pumpido, fue en su día nombrado fiscal general por Zapatero, y si hacemos caso a Sánchez ya sabemos de quien dependía aquel cargo. Por fortuna, no siempre va a misa lo que dice o promete el presidente del Gobierno.

En su etapa al frente de la fiscalía, Conde-Pumpido peleó por la autonomía de la institución. Esperemos que, culminadas sus aspiraciones con este cargo, vele también por la independencia del Constitucional. Me resisto a creer que un jurista de tan larga trayectoria y altas responsabilidades, con ilustres antepasados en la judicatura, sea un simple mandado de Sánchez. El tiempo dirá.

No lo tendrá fácil. Porque no solo ha de ser, sino parecerlo. Y lo segundo se antoja casi imposible. El mensaje político y mediático de los últimos años referido a los integrantes de los máximos órganos judiciales y del TC siempre va adjetivado de progresistas o conservadores, como si del ámbito político se tratara. La denominación progresista coincide además con la autodefinición que Sánchez hace de su ejecutivo: Gobierno progresista de coalición. Y cuando se menta sector conservador, como ningún partido se define como tal, lo colocamos mentalmente en el bando de la oposición.

Sé que a día de hoy es misión imposible, pero debería hacerse un esfuerzo para comenzar a despolitizar las instituciones. En primer lugar los órganos judiciales, sin cuya independencia la división de poderes, piedra angular de nuestra democracia, no existe. Todas las actuaciones del actual Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan van en la dirección de controlar el poder judicial con la excusa de que hasta ayer estaba dominado por el bando de la oposición.

Aunque así fuera, la dinámica es perversa, por no decir diabólica. Una próxima mayoría parlamentaria, previsible a finales de año, con el mismo pretexto podría volver a hacer lo mismo. Esperamos que Feijóo, si tiene oportunidad, cumpla lo prometido y cambie las reglas para que el poder judicial sea realmente independiente.

Y lo mismo puede decirse del ejecutivo. La mayoría de los gobiernos del mundo, sobre todo en los países democráticos, no tienen apellidos. Son el gobierno de Francia, Alemania, Italia o Portugal. También en las comunidades autónomas: Generalitat de Cataluña, Gobierno Vasco, Junta de Andalucía o Xunta de Galicia. Definirse como Gobierno progresista es discriminar a la mitad de la población española.

Lo peor es que no estamos ante una frase retórica. Es una realidad. Lo padecemos en Galicia. El último botón, los trenes Avril.