Covid 19 y universitarios
UNA parte no menor de la preocupación que anida en la sociedad a propósito del coronavirus trae causa del carajal de contradicciones que respeto de cuanto tiene que ver con la pandemia ocasionan las propias autoridades, que ha sido mucho y variopinto. Algo que, por inusual, hacía a las autoridades gallegas más estimadas en la confianza ciudadana. Pero cuando se pretende, como se intentó en estas últimas semanas, tanto por Xunta como por Concello de Santiago, dirigir la preocupada mirada hacia la presunta irresponsabilidad de los universitarios se está lejos de actuar dentro de las exigencias de rigor de aquella plausible trayectoria. Sobre todo, hay que añadir, cuando esas afirmaciones no se acompañan de datos estadísticos que avalen esas afirmaciones y, lo que es peor, se obvian las principales causas.
Sabemos que esa pretendida culpabilización de los estudiantes no es exclusiva de Santiago, sino que autoridades y medios de comunicación la extendieron también a Navarra, Granada o Salamanca. Pues bien, ha sido justamente en estas primeras semanas de octubre cuando, en base a su condición de universitarias, la población de derecho de esas ciudades se ha visto sustancialmente incrementada con el inicio del nuevo curso en porcentajes que van –haga el lector las correcciones que estime oportunas sobre los datos del INE, referidos a 2018– del 10 % de Navarra al 15 % de Salamanca o La Laguna, el 21 % de Granada y, liderando el ranking, al 23 % de Santiago.
¿Realmente esta bocanada de incremento poblacional no supone, en sí misma y al margen de fiestas, un incremento real en el riesgo de pandemia; más si se tiene en cuenta la multiplicidad de origen de los estudiantes y, con ella, la también estadística posibilidad de mayores riesgos? ¿No supone un peligro en sí mismo la circunstancia de tratarse de una población flotante que se mueve cada fin de semana entre su residencia habitual y la estudiantil? ¿No son éstos factores de preocupación más relevantes que la insignificancia estadística de un par de decenas de fiestas criminalizadas como supuestos focos de contaminación? Ya algún destacado epidemiólogo alemán ha alertado de lo selectivo de la memoria a la hora de hacer un rastreo epidemiológico retrospectivo y cómo estos encuentros ocasionales tienden a ser más fáciles al recuerdo que el resto de la actividad diaria, por monótona.
Por fortuna los rectores de las universidades gallegas, bien secundados por el cabal conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se han visto obligados a salir al paso de tal culpabilización con la concreta y clara referencia a los datos que desmienten aquella irresponsabilidad y que es de esperar se prolongue, mientras la avalen los datos, en nuestras autoridades sanitarias.
No es un factor menos perverso el indisimulado maquiavelismo que supone utilizar una ordenanza de ruidos para perseguir la extensión de la pandemia en un claro ejemplo de cómo para los fines buscados vale cualquier medio. Un principio del Derecho tanto más peligroso porque, además, no garantiza la plena efectividad de la medida y obvia las atribuciones de las autoridades para dictar órdenes finalistas y legítimas sobre el mal a combatir.
Queda, por fin, el intangible peligro –siempre dificultoso de calibrar– de aventar sospechas sobre una de las principales industrias compostelanas, lo que, por los riesgos que implica, debiera hacer reflexionar a las autoridades. Locales y gallegas.