Desconocimiento y mentiras
ES una obviedad que los pactos que alcanzan los partidos políticos con representación parlamentaria son legítimos: todos los pactos y todos los partidos, sin exclusiones. Y cuando alguien está en desacuerdo con la legalidad de lo aprobado, tiene a su disposición los recursos correspondientes propios de un Estado de Derecho.
Por lo tanto, no puede haber reproche legal a los presupuestos para el 2023, tras haber sido rechazadas las enmiendas a la totalidad por 186 votos. Ahora bien, tampoco se puede recriminar a la oposición el que no preste su voto, pues le asiste el derecho a discrepar.
La ministra María Jesús Montero comparó la aprobación de los Pactos de la Moncloa con el apoyo prestado a estos presupuestos por ERC, PNV y Bildu. Dada su edad, hay que pensar que se lo han contado mal y ella, además, no se ha informado.
Fueron suscritos por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez y los representantes de UCD, PSOE, PCE, PSP, Federación Catalana del PSOE, Convergencia Socialista de Cataluña, PNV, CiU y Alianza Popular. Su ratificación en el Congreso de los Diputados, fue unánime, con la abstención de Izquierda Republicana de Catalunya.
En 1977 hubo voluntad de acuerdo, cesiones importantes de todos y transacciones equilibradoras y posibilistas, porque estaba en juego la estabilidad del régimen que se iniciaba. Hoy, todos creen que lo tienen asegurado, además hay una notable diferencia entre la altura de miras de quienes componían aquellas Cortes y los de hoy.
La mayoría de hoy es legítima, lo digo una vez más; pero la memoria nos recuerda aquello de nunca pactaré con los separatistas ni con Podemos: o lo dijo con la boca chica hace cuatro años o mintió.
¿Ha habido contraprestaciones? La coincidencia de la iniciativa de supresión del delito de sedición, no es casual; lo que induce a sospechar que pueden haber existido más mentiras.
¿Es posible que en la Europa de la que estamos integrados, el delito de secesión de una parte del territorio esté penado con más benevolencia que en España? Como no sé Derecho Penal, me limitaré a decir en voz alta lo que me dicta el sentido común: la Constitución de ningún país facilitaría la secesión impune, unilateral y abrupta, de una parte de su territorio.
Finalmente, el señor Sánchez en su día estuvo conforme con la imputación a los golpistas del doble delito de rebelión y sedición, y ahora le parece excesivo el de sedición y pretende suprimirlo.
Voluble por interés propio, “mutta d´accento e di pensiero” con ligere-
za, como dice la conocida aria La donna é mobile.