Descrédito de la política
NO hay que ser muy conocedores del sentido del deber que prima en las Fuerzas Armadas para deducir que antes que tarde el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general del aire Miguel Ángel Villarroya, acabaría por presentar su “solicitud de cese” a la ministra Margarita Robles tan pronto se supo que había sido favorecido, sin corresponderle, en el plan de vacunación anti-COVID-19. Dado que se trata de la más alta jerarquía afectada por el escándalo, su dimisión es argumento suficiente para mantener a salvo las virtudes que adornan a las Fuerzas Armadas, tan incomprensible como repetidamente vituperadas incluso desde algunas instancias del propio Gobierno social-comunista.
Aunque hay que felicitarse en este caso tanto del acierto de la ministra de Defensa al aceptar dicho cese como de la diligencia del titular de Interior, Grande-Marlaska, al ordenar, por idéntico motivo, el cese del teniente coronel de la Guardia Civil que ejercía de enlace en el Estado Mayor de la Defensa. Ambas instituciones, Ejército y Guardia Civil, salvaguardan su honor y ello supone un motivo de general satisfacción para la ciudadanía.
No corren los mismos vientos de responsabilidad y decencia entre la clase política a la hora de exigir idéntica ejemplaridad entre los pocos de sus miembros que se prestaron a la torticera práctica de favorecerse con las primeras vacunas destinadas a personas en situación de riesgo. El PSOE anuncia la suspensión de militancia de cuantos no presenten su dimisión. Y aunque experiencias del pasado –como la ocurrida en el ayuntamiento de Oroso con el alcalde Manuel Mirás– remiten a expulsiones más efectistas que reales, no deja de ser un compromiso público que habrá de perseguirles allí donde no prediquen con el ejemplo.
Más difícil lo tiene el PP. Si, pese a lo dicho en televisión por Pablo Casado, el cese del ya exconsejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas, se produjo por la presión de Ciudadanos y una vez se supo que él y otros 400 allegados de la consejería se colaron en la vacunación –tema ya judicializado y que traerá más graves consecuencias–, la situación se le complica en Ceuta, donde el consejero de Sanidad popular, Javier Guerrero, se mantiene en su puesto sin que resulte fácil determinar qué es más lamentable, que se beneficiara del antivirus sin corresponderle o que proclame su aversión a las vacunas, lo que le retrata como responsable de la Sanidad Pública.
En Galicia, lo sucedido en el área sanitaria de Pontevedra tampoco puede sustanciarse con la simple presentación de disculpas públicas. No es difícil deducir cómo se produjo la inclusión de los 17 informáticos en la lista y la responsabilidad in vigilando que correspondía a la autoridad sanitaria. Una falta grave aunque fácil de solventar por la vía del expediente administrativo pero que, de no hacerse así, cargará un nada desdeñable hándicap en quienes opten por mirar para otro lado.
Supondrá en sus particulares trayectorias políticas una manifiesta pérdida de legitimidad a la hora de exigir los mismos comportamientos éticos de otras instituciones y estamentos públicos, como de hecho ya están haciendo, pero sobre todo mancha a la propia institución.
Toda la ciudadanía sabe el costo de los errores propios en materias de Hacienda, tráfico, exámenes o acceso a una profesión. Que la política quiera renunciar a esa carga ética la sitúa, como está, en el general descrédito. Otro más.