Desdeñando a Galicia
MÁS allá de la valoración de los partidos políticos, siempre partidaria, sobre el último paquete de medidas anticrisis aprobado esta semana por el Gobierno, que no será el derradeiro, me quedo con las opiniones que en los medios de comunicación y redes sociales expresa la gente del común. Pueden resumirse en tres: llegan tarde, son escasas, aunque mejor esto que nada. Vienen con retraso porque la inflación está disparada desde comienzos de año mientras los salarios permanecieron estancados, lo que produjo una elevada pérdida de poder adquisitivo tanto en asalariados como pensionistas.
Son escasas porque la rebaja del IVA en los alimentos básicos deja fuera entre otros la carne y el pescado, productos sobre los que se basa la alimentación en España. Podría decirse que la medida de ahorro se ciñe, salvo la leche, a los complementos. El beneficio para los consumidores, según los primeros cálculos, es mínimo. En una compra de 40 euros, todos con IVA reducido del 4 actual al cero, es de 1,60 euros.
Otra medida estrella, el cheque de 200 euros para compra de alimentos, también podría ser un poco más generosa en cuantía y de mayor alcance. La exclusión de pensionistas y perceptores del Ingreso Mínimo Vital es discriminatoria. Buena parte de los jubilados y sobre todo entre los más vulnerables no alcanzan los 27.000 euros de ingresos en tanto que sus necesidades son iguales o mayores que las del resto de la ciudadanía.
La cruz de la moneda está en la supresión de la bonificación de 20 céntimos por litro en los carburantes. La medida de tomó con carácter general, pero ahora se hurta a todos aquellos que no pertenezcan a un sector profesional ligado al transporte. Podría haberse afinado un poquito más y, al igual que otras ayudas se dan con criterios de necesidad (vulnerabilidad) el uso del automóvil, en general, no siempre es por placer. Para quienes viven en zonas despobladas, la denominada España vacía, sin servicio público o muy escaso, la posesión de un medio privado de transporte resulta imprescindible.
Cuando el Gobierno toma medidas debe priorizar el interés general del
país, pero por justicia equitativa no debiera olvidar las particularidades. Y en ocasiones, no lo hace, sino todo lo contrario. El ejemplo reciente es Cataluña. Varias leyes del máximo nivel acaban de aprobarse para beneficio de determinadas personas de ese territorio.
En este caso, las medidas anticrisis de mayor impacto no son neutras con Galicia, que es tratada con desdén. La exclusión de la carne y el pescado en la reducción del impuesto, de gran consumo entre los gallegos, perjudica a ganaderos y granjeros, así como a toda la economía del litoral, comenzando por los pescadores y terminando en las fábricas de conservas. Lo mismo sucede con la marginación de los pensionistas en el cheque de los 200 euros. Galicia es la segunda comunidad de España con pensiones más bajas, cuyos perceptores se quedan sin el aguinaldo. Por último, la recuperación de los 20 céntimos no ayuda precisamente a hacer atractivo el rural como lugar para vivir.
Pero, claro, mejor esto que nada, aunque antes de anunciar con bombo y platillo las medidas el Gobierno debería, por honestidad política, explicar porque hace medio año, en lo más alto de la crisis inflacionaria, Sánchez y sus ministros se negaban tildándolas de “populistas”. Y en cuanto a los perversos efectos en Galicia, dos vicepresidentas originarias de esta tierra, Calviño y Díaz, bien podrían haberse parado un minuto a pensar donde nacieron. O no se acuerdan o renegaron.