Diez años del rescate por un euro

EL quince de septiembre de 2008 conocimos la insolvencia del banco de inversión americano Lehman Brothers, detonante de la crisis de las hipotecas subprime y de la Gran Recesión que tardamos ocho años en superar. Solo diez días después, en New York, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se atrevía a asegurar que España “quizás cuente con el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional”. Desde luego no era nada visionario.

No. No era el sector financiero más sólido del mundo. Todo lo contrario. Entidades como Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia, Banco de Valencia, Ceiss, Popular, Mare Nostrum y otros sufrieron pérdidas multimillonarias que superaron el 5% del P.I.B. de 2012. La consecuencia fue el rescate en ese año de la mayoría de esas entidades con un desembolso de 58.000 millones de euros, que, pese a lo prometido por Mariano Rajoy, no solo no nos costó un euro, sino que, de los 58.000 millones desembolsados, tan solo se pudieron recuperar 6.000 millones.

Pero el coste real fue superior. En 2009 bancos y cajas de ahorros colocaron masivamente participaciones preferentes entre sus clientes de perfil ahorrador menos conocedores de la complejidad del producto y de sus riesgos. El importe superó los 13.500 millones de euros y solo los clientes que recurrieron a la vía judicial pudieron resarcirse, posibilidad que el TJUE acaba de negar recientemente a los accionistas de Banco Popular que sufrieron un quebranto superior a los 5.000 millones de euros.

Mientras tanto, las agencias de calificación crediticia, las “big four” de la auditoría, el Banco de España y la CNMV, ni se enteraron, o no quisieron enterarse, del Armagedón financiero por el que estábamos pasando. Culpables por omisión.

Diez años después el sector “más sólido del mundo” ha cambiado a peor respecto a la situación anterior. Ya no existen cajas de ahorros, sin que nadie pueda explicar, coherentemente, cómo se obligó a aplicar la misma medicina, convertirse en bancos, a las solventes y a las insolventes. Pero, además, prácticamente nos han dejado en manos de solo unas seis entidades, limitando la competencia en un grado que han convertido el sector en un auténtico oligopolio al modo de eléctricas o telecomunicaciones y, no satisfechos, con la amenaza de nuevos procesos de concentración.

Alguien podría pensar que tamaño despropósito habrá implicado sanción penal o civil a los máximos culpables por acción, los miembros de los consejos de administración o los altos directivos. Pues tampoco. Los de Bankia y muchos otros fueron absueltos y solo los juzgados, en un nuevo “aldraxe”, fueron severos con un reducido grupo de gallegos.