¿Disparidad regional vs. competencia fiscal?
EN las últimas semanas, en especial a raíz de la convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid, se ha intensificado la conversación a cerca de la necesidad de armonizar figuras impositivas como el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En la teoría de la descentralización fiscal, el argumento para defender tal armonización se basa en que si los gobiernos regionales tienen una elevada autonomía fiscal se incrementaría la competencia fiscal, sobre todo en las bases imponibles con mayor movilidad, teniendo las de ganar las regiones con mayores recursos, ya que tienen una mayor capacidad para mantener una presión fiscal más baja y atraer a mayores contribuyentes. De este modo, se exacerbarían las disparidades regionales.
Por ejemplo, hace poco una de las autoras de un informe de la OCDE en donde se analiza los impuestos que gravan las herencias en los países desarrollados indicaba que, con unos tributos sobre el capital descentralizados, podría incentivarse la movilidad de los ciudadanos, por lo que sería conveniente una mayor coordinación en la gestión de estos impuestos. David Agrawal, Dirk Formny y Clara Martínez-Toledano estiman que el coste anual en forma de pérdida recaudatoria de las comunidades de régimen común provocada por la política de impuestos bajos de Madrid sería de alrededor de 47 millones de euros en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio y de 630 millones de euros en el IRPF. No son cantidades elevadas, pero benefician solo al 0,5 % más rico sin que exista un cambio de residencia real en muchos casos.
Sin embargo, la competencia fiscal podría llegar a beneficiar a las regiones más pobres. En un reciente trabajo elaborado por Antonio Andrés Bellofatto y Martín Besfamille, los autores desarrollan un modelo en el que estudian la relación entre las disparidades regionales y la competencia fiscal a la hora de llevar a cabo inversiones por parte de los gobiernos regionales bajo dos posibles modelos: 1) el Gobierno central financia parte de los proyectos a través de un impuesto sobre el capital uniforme para todo el país; 2) existe descentralización fiscal, por lo que los proyectos son financiados a través de impuestos fijados regionalmente.
Partiendo incluso del supuesto de que existieran unas preferencias sociales rawlsianas, es decir, que hubiera un sesgo exclusivo hacia el bienestar de las regiones más pobres, la descentralización prevendría una sobreinversión en proyectos poco rentables y evitaría, por tanto, el incremento de tributos distorsionantes, siempre y cuando las diferencias en las bases imponibles no fuesen excesivas. Siendo, por tanto, mayor el bienestar en este supuesto que en el del supuesto de la centralización fiscal.
Es definitiva, incluso aunque nos preocupen las desigualdades entre territorios, la descentralización fiscal maniata a los gobiernos regionales para que sean más responsables a la hora de maximizar el bienestar de los ciudadanos.