El valor y el precio
En este mismo diario se publicó el día 12 de mayo un artículo suscrito por el Director Xeral de Mobilidade en el que, sin mencionarme expresamente, criticó el contenido de un anterior artículo de mi firma, comentando las licitaciones de transporte de viajeros por carretera que ha convocado la Consellería de Infraestructura e Mobilidade.
El señor Director Xeral me atribuye la defensa de "intereses económicos particulares" y me acusa de que "entre la defensa de los ciudadanos y el bien público y la codicia empresarial, escoge servir a esta última", al tiempo que afirma que "camuflo mi evidente motivación partidista bajo el escudo de una formación técnica".
Sin entrar en la incoherencia en que, a mi juicio incurre, entre mi "motivación partidista", como si su opinión estuviese exenta de partidismo y la defensa de la "codicia empresarial", entiendo que la defensa que el Director hace del Plan de Transporte puesto en marcha por su Consellería se limita a alusiones genéricas como que es el único modelo posible y que se invierten 120 Millones de euros en el Transporte escolar, lo que según él triplica la media nacional, afirmación sin duda no inocente.
Con ello confunde valor y precio (en términos machadianos), confusión que debemos evitar al referirnos al sistema de transporte, fundamental para mantener la movilidad y conectividad del territorio gallego y que no creo que se permitiría expresar si fuera por ejemplo, el responsable de los centros de enseñanza que también tienen unas ratios de coste superiores a las de otras Comunidades Autónomas que no tienen la dispersión poblacional gallega.
Esto enlaza con otro mensaje lanzado reiteradamente desde la Consellería competente en materia de movilidad, que descalifica en bloque todas las críticas del sector empresarial y de los sindicatos a esta licitación arguyendo que en el año 2017 se criticó la dotación presupuestaria de los concursos concesionales y no obstante, se ofertaron rebajas muy importantes sobre los tipos de licitación.
Quizá, lo ocurrido, deviene de la falta de responsabilidad en admitir alguna oferta en esas condiciones, en tanto que otros empresarios que presentaron plicas más razonables se vieron desbordados por quienes no fueron tan prudentes. No parece responsable, ni siquiera procedente desde el punto de vista legal, admitir ofertas que no sean sostenibles en el tiempo porque de ello se seguirá necesariamente la precarización de las condiciones de trabajo de los profesionales del sector como ha sucedido en el caso de las ambulancias, sin que pueda servir de disculpa que se realizan rebajas -obligadas si se quieren tener opciones de adjudicación- de los precios ofertados.
Por esa vía, se puede llegar a cuestionar también la existencia del salario mínimo o las horas máximas de trabajo y, por qué no, la obligatoriedad de las vacaciones pagadas, porque siempre puede haber trabajadores que se vean obligados a aceptar cualquier condición laboral que se les ofrezca porque no tienen otra opción.
Si la Administración potencia adjudicaciones por debajo de los costes reales estará mermando la capacidad y competitividad de las empresas responsables y trasladando sus nocivos efectos al personal de las mismas, siguiendo la ley de Gresham según la cual en un sistema monetario formado por monedas de distinto valor, la moneda menos apreciada desplaza a la de más valor.
Lo cierto es que todos los agentes sociales implicados (sindicatos, empresarios...) consideran indiscutible que los parámetros de esta licitación emiten serias alarmas respecto a la viabilidad de los servicios y a la posibilidad de mantenerlos en condiciones sociales y de calidad, suficientemente aceptables.
También resulta preocupante que los términos de la licitación, por los errores de concepto y diseño que contienen, aboquen a una explotación con pérdidas económicas desde el inicio y que no permite mantener el adecuado equilibrio económico concesional.
Respecto a la afirmación de que la Consellería "...esté siendo responsable con el futuro de un importante sector empresarial en Galicia, formado predominantemente por pequeñas y medianas empresas", sería conveniente que el señor Director escuchara la voz de esos pequeños y medianos empresarios que saben que sus empresas están llamadas a la desaparición a no muy largo plazo como resultado más palpable de ese proceso de licitación pública. Y no precisamente por tener que concursar, lo cual en sí es positivo para el sistema, sino por tener que hacerlo en las condiciones fijadas en la licitación.
Y seguro que habrá licitantes, -la necesidad o la estrategia obligan- pero dudo que haya futuro para esas PYMES que se verán ante el dilema de quedarse fuera del sistema si no obtienen los contratos, o desaparecer a corto plazo si resultan adjudicatarios en las condiciones establecidas. ("otra victoria como esta y perderé mi imperio", dijo Pirro, rey de Epiro, tras derrotar a las legiones romanas en Heraklea).
No parece cuestión menor, como decía antes, que los sindicatos (CCOO, CIG y UGT) concuerden con esta predicción, y muestren también su lógica preocupación sobre una licitación que no cubre los costes reales y legales de los trabajadores y menoscaba la viabilidad de las empresas.
Creo que todo ello debería hacer reflexionar a la Consellería respecto al modelo de transporte que va a implantar, ya que no quiero creer, recordando el reciente caso del transporte sanitario, que ese resultado, la desaparición creciente de las PYMES en el sector, sea una previsión consciente y meditada. Para conseguir mejor los objetivos trazados es imprescindible gestionar adecuadamente las opiniones contrarias mediante un ejercicio de diálogo intenso, pero pausado.