El CNI y el Estado de Derecho
ESTÁ dando mucho que hablar la actuación del Centro Nacional de Inteligencia en su labor propia respecto a algunos nacionalistas catalanes, lo que vino a propiciar el conocimiento de que, tanto el presidente del Gobierno español como su ministra de Defensa, también, fueron objeto de espionaje, sin que se sepa por quien, lo que determinó la denuncia de ambos ante el Poder Judicial del Estado.
Coinciden estos descubrimientos con la incorporación de los partidos políticos Bildu, ERC y la Cup a la Comisión de Secretos Oficiales dentro del Congreso de los Diputados y con la conmemoración de los 20 años de la creación del mencionado CNI.
Según parece, el ya conocido como sistema Pegasus viene a ser un software espía, generado por la empresa israelí NSO GROUP del que se podría haber hecho uso por el CNI como instrumento de control interno que pudo haber espiado, en principio, a unos veinte políticos catalanes, según declaración de quien dirige dicho Centro. El Periódico The New Yorker denunció estos hechos y se piensa que una cantidad enorme de teléfonos pueden hallarse infectados por el software de referencia, por lo que la empresa israelí, creadora del sistema, pretende defenderse, ahora, de las consecuentes reclamaciones judiciales que pueden recaerle, alegando que es agente de un gobierno extranjero, lo que pudiera proporcionarle inmunidad. De un informe elaborado por CITIZEN LAB se infiere que, a través de este sistema, Marruecos podría haber espiado a más de 200 móviles españoles, coincidiendo con la entrada de más de 10.000 emigrantes a través de Ceuta.
Conviene recordar que el trabajo del CNI español, tiene que mantenerse dentro del marco establecido por la Constitución del 1978 y bajo el adecuado control judicial de un Magistrado del Tribunal Supremo, como así lo requiere e impone un Estado de Derecho que se precie de serlo.
Es cierto que el Parlamento Europeo ha iniciado ya acciones sobre el Programa Pegasus y, parece ser que el conocido como CITIZEN LAB canadiense reveló el espionaje al independentismo catalán.
Ahora bien, en el marco del adecuado respeto a los derechos fundamentales de la persona no parece que quepa negar a un Estado de Derecho la ineludible protección de su integridad política y territorial y el consiguiente ejercicio de las acciones para protegerlas, lo que, claramente, se produjo con los comprobados y ya juzgados comportamientos de determinados nacionalistas catalanes que osaron conseguir la independencia de Cataluña y de cuya responsabilidad, por cierto, se libró hasta ahora, curiosamente, el que era cabeza de Generalitat catalana, el señor Puigdemont.
Al margen de cuanto se deja dicho, parece oportuno resaltar la conveniencia de actualizar la regulación existente sobre escuchas telefónicas y otros instrumentos de control, poniéndolas al nivel del respeto a la persona y a sus derechos básicos que demanda un Estado social y democrático en pleno siglo XXI.