El derecho a morir
LA eutanasia o la muerte voluntaria para enfermos incurables mediante asistencia es considerado la última frontera de los derechos y libertades individuales. La eutanasia sigue suscitando polémica a la hora de su regulación normativa, tal y como sucede ahora en con la iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Socialista.
No hay duda de que los avances médicos y científicos permiten prolongar la vida más allá de los límites conocidos hasta hoy mismo por los científicos y estudiosos clínicos Pero, al tiempo, se ha abierto el debate político en el Congreso de los Diputados
Un debate en el que, como señaló Jankélévitch, ya no subyace tanto un problema ético o jurídico del paciente, como lo del médico y los profesionales sanitarios que se han de enfrentar a esta compleja cuestión de la asistencia para finalizar la vida. Es cierto que son pocos los países que tienen legalizada y regulada legalmente la eutanasia, siendo además muy distintas y diversas las concepciones tenidas en cuenta por sus legisladores en el momento de afrontar la ordenación legal del derecho a morir.
De esta manera, en algunos países se autoriza exclusivamente solo en determinados casos, mientras que otros ordenamientos comparados alumbran prácticas de diferentes formas pasivas de muerte asistida a través del llamado testamento vital (retirada de terapias de soporte vital, sedación y control de síntomas dolorosos o desagradables, etc.)
¿Los poderes públicos deben mantenerse al margen de la administración y financiación de la eutanasia voluntaria? ¿Corresponde solo a enfermos y sus familias asumir el coste material y psicológico de morir antes de que se produzca un final agónico? El Estado debe ser garante de que en ningún caso se cometen fraudes o se realizan amenazas contra el enfermo afectado que, libremente , ha de poder expresar sus últimas voluntades. Los poderes públicos tienen, sencillamente, que dejar hacer, pero no inmiscuirse en ese ámbito estrictamente privado. Los poderes públicos del Estado social y democrático de Derecho deben limitarse a reconocer y garantizar el libre ejercicio del derecho a morir dignamente.