El escudo del ahorrador
POR un Real Decreto de noviembre de 1977, firmado por Fuentes Quintana, se creaba el Fondo de Garantía de Depósitos de los bancos, inicialmente garantizando hasta 500.000 pesetas por titular. Cubría parcialmente la responsabilidad del banquero por sus actos de gestión para dar un tratamiento especial a la protección al ahorrador, lo que en otros sectores de la economía no existe, aunque no del pequeño accionista.
Fue una decisión que se adelantó a la gran crisis de los bancos entre 1978 y 1983, desencadenada por su política fuertemente expansiva, la falta de experiencia y de responsabilidad de los directivos y el déficit regulador en el control de las entidades y la ausencia de mecanismos o instrumentos de reconducción de las entidades en crisis. Además, influyó que el PIB también manifestaba una situación de crisis que comprometió la viabilidad de los sectores empresariales.
La crisis afectó a 58 bancos siendo los grupos más afectados Banca Catalana y los bancos de Rumasa. Por lo tanto, podemos concluir que la crisis bancaria derivó de la crisis económica, del fracaso de la banca industrial, que prácticamente desapareció y de los problemas de gestión de las entidades, con casos muy específicos de comportamiento temerario en su política de inversiones como lo fue Rumasa.
Como casi siempre sucede con los bancos, la solución vino de la colaboración del Estado, aportando fondos y del resto de la banca privada, gestionando los bancos intervenidos y reflotándolos o absorbiéndolos. Tal es así que solo diminutas entidades como fueron los bancos de los Pirineos o de Navarra llegaron a quebrar. En el caso de Rumasa el Estado le presta la cantidad de 440.000 millones de pesetas y el Banco de España otros 400.000 millones. El Fondo de Garantía de Depósitos no intervino en esta expropiación.
En Galicia la crisis afecta a tres bancos, prácticamente la mitad de los siete de la época. El Banco de Crédito e Inversiones, en la órbita de Banca Catalana; el Banco del Noroeste, del grupo Rumasa, y el independiente Banco Simeón. Los dos primeros se adjudicaron al Banco Central y el Simeón al Banco Exterior de España. El Central decidió, tras integrar las oficinas en Galicia del Noroeste en el Crédito y Inversiones, liquidar el primero, y cambiar la razón social del segundo a Banco Gallego.
En octubre de 2008, en pleno pánico financiero tras la quiebra de Lehman Brothers, el FGD se incrementó hasta 100.000 euros. El escudo se multiplicó. Ningún ahorrador perdió ni un euro de sus depósitos en la crisis bancaria. Pero el capitalismo popular, a menudo alimentado por las entidades, sí que se vio obligado a asumir quebrantos al no contar con los escudos de los ahorradores.