El Pitanxo, sin Ángeles Alvariños
NO vive el sector del mar gallego tiempos de bonanza; antes al contrario, víctima como tantos otros sectores de la crisis que nos atenaza, hay en el caso de la actividad pesquera gallega factores sobrevenidos, en más de las ocasiones fruto de decisiones de calado y responsabilidad política, que siguen propiciando vientos huracanados de desánimo y frustración sin que la salida que se intuye vaya más allá de la que confía en los milagros.
Las últimas medidas restrictivas de la UE respeto de los caladeros tradicionales y de las artes de pesca y aún la marginación de los fondos de los Next Generation tienen su proyección en el litoral en la cerrazón del Gobierno Sánchez respeto de la limitación en el tiempo de las concesiones en terrenos de demarcación marítimo terrestre para actividades en que Galicia es puntera a nivel mundial. Acostumbrados al “din que chove”, no se ve en nuestras autoridades autonómicas ni locales una postura firme, enérgica, de manifiesta defensa de los intereses gallegos cuando, como ocurre, todas vienen a la misma mejilla.
En esa situación de continuada y asumida marginación no asombra que el Estado, en una nueva demostración de irresponsabilidad y ausencia de empatía, diga y se desdiga respeto de las lógicas reclamaciones que le plantea el aguerrido y ejemplar grupo de familiares de los veintiún marineros fallecidos cuando faenaban en el Villa de Pitanxo, en febrero del presente año, en caladeros de Terranova. Y se apunta lo de lógicas exigencias en la doble vertiente –ambas de indudable relevancia– tanto judicial como de sosiego anímico de parte de quienes tiene derecho a saber qué causó la muerte de sus seres queridos, además de poder recuperar los cadáveres para enterrar a sus muertos en la cercana paz del cementerio parroquial.
Pero en vez de luz y taquígrafos, un oscuro manto de silencio, hijo acaso de variadas complicidades, tanto burocráticas como derivadas del propio ejercicio de la actividad, se cierne sobre lo acaecido en aquella madrugada del 15 de junio cuando el enganche de un aparejo en el fondo del mar y la parada de un motor
–¿por este orden?– abocaron al naufragio del pesquero.
Frente a las contradictorias versiones de los supervivientes, la verdad está a apenas mil metros de profundidad en las aguas marinas que el Gobierno español se niega a rastrear, acaso temeroso, como apuntan opiniones solventes, de encontrarse más de una y de dos verdades incómodas para patrón, armadora y el propio Ejecutivo en su responsabilidad in vigilando.
Abstracción hecha de las distintas latitudes geográficas, pocas diferencias hay, a la hora de conocer la verdad judicial, entre el caso de las niñas canarias asesinadas por su padre y la no suficientemente aclarada causa del naufragio del Pitanxo con su secuela de muertes. En aquel caso, el buque Ángeles Alvariño, del CSIC, rastreó la profundidad marina durante 30 días.
Una ofensa más y de tamaña gravedad que se da en la misma mejilla del sufrido sector marino gallego ante la insolente pasividad de las autoridades autonómicas y concellos afectados.