El tránsito exprés de la democracia a la autocracia
“EL derecho no existe para darnos la razón, sino que, si queremos respetar su autoridad, somos nosotros los que tenemos que darle la razón al derecho” (Andrés Rosler, La ley es la ley).
Hasta hace unos días no tenía demasiado claro si la noción del eterno retorno era, como sostuvo en su momento Friedrich Nietzsche, una realidad; si, como matizó luego Mircea Eliade, un mito; o si, en fin, una combinación de ambos conceptos, realidad y mito, prevaleciendo uno u otro según las perspectivas y circunstancias de cada momento. Sin embargo, la relectura del articulo de Ignacio Sotelo que lleva por título Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y que éste publicó en el diario El País el 29 de marzo de 2013, me sacó de dudas, ya que a través de él he podido comprobar que el eterno retorno es una realidad más que un mito, pues sólo así se explica que el análisis hecho por el autor acerca del Gobierno del Partido Popular de entonces sea perfectamente aplicable al Gobierno del partido socialista de hoy.
En este artículo, Ignacio Sotelo recrimina al Gobierno popular su táctica de no aclarar nada; de pretender ir tirando los años que le quedan de legislatura, desconectado de un pueblo que hace preguntas insidiosas que ni pueden, ni deben contestarse; o de no apostar antes de tiempo por una sustitución de su presidente, aunque parezca inevitable, dada la gravísima crisis social que amenaza incluso con el derrumbe de la democracia. En este contexto, le llama la atención, en fin, que los afiliados del Partido Popular, tradicionalmente sometidos y sin órganos de expresión propios, no alcen sus voces críticas contra este estado de cosas, tal vez por el convencimiento que les une a todos ellos de que la situación extrema que se vive en nuestro país justifica de sobra tanta pasividad.
Si las palabras de Ignacio Sotelo confirman la realidad del eterno retorno al que aludía al principio, las de Baltasar Garzón, en otro artículo, publicado como el anterior en el diario El País, el 3 de febrero de 2014, con el título de El oasis de la impunidad, la ratifican, cuando afirma que “lo peor que puede suceder a un gobierno es que mienta de forma sistemática a los ciudadanos, pretextando que con ello garantiza sus derechos”. Así, en virtud de esta noción circular de los acontecimientos, lo que uno y otro achacan al Partido Popular en 2013 y 2014 es perfectamente achacable tanto al partido socialista en 2022, como a los otros partidos que, dentro o fuera del Gobierno, lo apoyan, al margen de la ley, la transparencia y la ejemplaridad, con el pasivo refrendo de sus respectivos militantes.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el Partido Popular, suspendiendo de forma cautelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de su ley orgánica, la vía elegida por el Gobierno para llevar a cabo la modificación del sistema de elección de magistrados de este Tribunal, al entender que puede violar derechos y libertades susceptibles de protección, no sólo es coherente con lo dispuesto en dicho artículo, sino también con la propia doctrina constitucional en la materia, como no puede ser de otra manera. Por ello, resulta difícil de comprender las airadas e insultantes reacciones del Gobierno y sus socios hacia determinados magistrados, exigiéndoles, como hicieron con los que se plegaron a sus imposiciones, no el sometimiento a la ley, sino a su autoridad.
Esta forma de entender el respeto a la ley, estando sujetos, como lo estamos todos, según establece el artículo 9 de la constitución, a ésta y al resto del ordenamiento jurídico, es en sí mismo un acto de la máxima gravedad, rematado, por si esto fuera poco, por la petición del propio presidente del gobierno al Rey para que este hiciera uso de su poder moderador.
El anuncio de una nueva propuesta de ley, con ausencia de todo análisis o debate parlamentarios, para volver al punto de partida, supone, además de reconocer una nueva transgresión del ordenamiento, jactarse de ello, continuando así con el tránsito exprés de una democracia a una autocracia, la creciente polarización de la sociedad y el profundo alejamiento de la España reposada, libre y equilibrada que anhelaba Julián Marías y que anhelamos (casi) todos.