Fuenteovejuna en Lugo
LOS vecinos del barrio lucense de Albeiros vivieron atemorizados cuando los okupas se instalaron en una vivienda de la rúa do Vento y rompieron el sosiego del distrito. Por eso, ejercieron toda la presión para que estos delincuentes se fueran y se organizaron en patrullas para impedir otras ocupaciones.
Su preocupación estaba justificada. Hace tiempo que Lugo padece el allanamiento de viviendas en distintas zonas y este enésimo caso llevó a los residentes de Albeiros a movilizarse emulando al pueblo cordobés de Fuenteovejuna, el drama de Lope de Vega en el que los vecinos se sublevaron para impartir la justicia que les negaban las autoridades de la época y vengar la violación de la joven Laurencia por el Comendador.
Estos lucenses, como los cordobeses de la ficción, también se sublevaron ante la dejación de funciones de los gobernantes que no protegen su derecho constitucional de la propiedad privada y amparan y consienten el atropello de los bienes privados mientras los dueños sufren la ocupación de sus casas y la degradación de sus barrios.
Lugo ganó esta batalla. “A xente xuntouse, manifestámonos, foi un exemplo de presión ciudadá ante un feito ilegal”, dijo el presidente de la asociación Gatos Roxos. “As ocupacións, añadió, xeran indefensión porque a ley ampáraos a eles e parece que non hai vontade política para cambiala”. Por esto no ganaron la guerra y los okupas volverán porque “non hai vontade política” para legislar y echarlos en 24 horas.
El problema es general en Galicia –A Coruña, Narón, Vigo, Oleiros, Santiago, Ribeira...– y en España, el país de la UE cuyos gobernantes permiten que el delincuente cuente con más beneficios y derechos que las víctimas, digan lo que digan algunos jueces y prensa amiga.
El primer responsable es el Gobierno central, que hace tiempo está secuestrado por una creciente podemización y consiente la ocupación que aumentó un 40% desde que manda. Pero siendo un problema social y generalizado, ¿por qué las comunidades autónomas, gobiernos, oposición y ayuntamientos –también en Galicia– no se unen para exigir al Parlamento que legisle para proteger al ciudadano de estos salteadores?
Si escuchan a la gente –dicen estar a su servicio–, demuéstrenlo buscando soluciones a tanta delincuencia sin esperar a que los propietarios actúen por su cuenta. Puede haber una desgracia por la desidia gubernamental que maniata a la justicia y a la policía.
Un apunte final: los alcaldes deben utilizar su poder, que lo tienen, para algo más que autorizar tapiar puertas y ventanas o poner alarmas. Por eso, el candidato que en mayo prometa medidas contundentes para erradicar a okupas seguro que gana las elecciones. Es lo que exigen los ciudadanos.