Gasto social
ES más que una partida económica que forma parte del presupuesto del Estado. La mayoría de países le dan suma importancia, porque está relacionado con el bienestar de las personas, para fomentar una vida digna, productiva y creativa.
Afecta a asuntos tan delicados como la justicia, la educación, la salud básica o la vivienda y aunque a lo largo del tiempo se ha ido multiplicando por seis en términos de PIB, el mayor problema es que el gasto social es insuficiente y se focaliza en los grupos de población con mejores situaciones de vida, es decir, está mal distribuido y es más pasivo que activo, en lo que a ejecución se refiere ya que no supone una inversión, porque no se ha enfocado como tal.
Una beca puede suponer un retorno de la inversión, si el estudiante o investigador se queda en su país para generar riqueza con la investigación que realiza, sino se convierte en gasto. Una política de prevención a nivel sanitario puede suponer una baja menos desde el punto de vista laboral. Y como estos muchos más ejemplos que se nos puedan ocurrir.
En 2019 estuvimos en el 24,7% frente al 31% o 29% de países como Francia y Finlandia según la OCDE. Me pregunto por qué no se hace un estudio sectorial para valorar qué grupos de población quedan excluidos, debido a los cambios sociales y demográficos y veremos, casi sin lugar a dudas, que las pensiones, la sanidad y los cuidados de larga duración (ante la frágil red de apoyo existente) se llevan los primeros puestos aunque con pocos servicios públicos de producción directa, ya que la mayoría son concertados o privados.
Tanto las prestaciones económicas como las pensiones podrían potenciar la contraprestación mutua en materia de resolución de problemas sociales e incentivar el reconocimiento de la experiencia profesional de las habilidades o soft skills de las personas que participan en esos programas. Además, los ciudadanos deberían participar y no delegar únicamente en el progreso técnico o en incentivos que mitigan el problema parcialmente.
Los recortes, los ajustes y las reformas son las tres palabras mágicas que vienen usando los políticos para justificar la sostenibilidad del sistema, sin tener en cuenta que la precarización de la oferta laboral y la reducción salarial generan una reducida progresividad de las prestaciones, lo que lleva a un laberinto sin salida ya que la situación se perpetúa y el sistema se estanca, porque para elevar ese gasto siempre se recurre a la subida de impuestos, cuando no debiera ser siempre así y menos cuando el enfoque de los presupuestos tiene un afán electoralista y no realista.
El mayor gasto público está en el empleo público, motivo por el cual se pretende una progresiva digitalización, en la que no disminuirá la burocracia, sino que la complicará más, de cara a determinados colectivos que lo sufren y padecen. El dilema sólo es cuestión de eficiencia e ideas claras, aunque errar también es humano.