Gobernadores locuaces
DESDE la aprobación, en 1994, de la Ley Autonomía del Banco de España, sus funciones se vieron muy mermadas al ceder al Banco Central Europeo sus principales competencias, como eran definir y ejecutar la política monetaria o la emisión de los billetes de curso legal. Es más, en breve también deberá ceder la supervisión de las principales entidades. Por ello no son comparables los mandatos de Mariano Rubio o Luis Ángel Rojo con los de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Luis María Linde o, desde 2018, el actual gobernador Pablo Hernández de Cos; como no lo serían un alcalde con un presidente de comunidad autónoma o este con el presidente del Gobierno.
Si acaso por carecer del mismo nivel competencial que antaño, se detecta en alguno de los últimos gobernadores un afán de protagonismo que no resulta ajustado a las funciones que el cargo tiene encomendadas. El caso paradigmático fue el del locuaz Fernández Ordóñez. Si bien en su mandato la labor supervisora resultó más que cuestionable, las hemerotecas recogen su evidente propensión al titular de prensa no por el ejercicio de su cargo, sino por sus opiniones o juicios sobre medidas de política económica, con frecuencia cuestionando al Gobierno de turno.
Es cierto que una de las funciones del banco central español es la de asesorar al Gobierno y realizar informes y estudios económicos. Por ello debemos recordar la excelente labor de José Luis Malo de Molina, director del Servicio de Estudios desde 1992 a 2015, contra quién “disparó” Luis María Linde, quizás para no hacerlo contra su predecesor Fernández Ordóñez, de quien recibió como herencia la crisis financiera consecuencia también del déficit supervisor.
En la línea del anterior, Hernández de Cos también muestra sus preferencias por los titulares y por extenderse en materias que no son atribuciones de su cargo. Recientemente, en el Congreso de los Diputados, dio a conocer sus recetas para afrontar la crisis económica derivada de la sanitaria con origen en el covid-19 destacando la necesidad de incrementar los tipos de IVA para compensar la previsible caída de la recaudación fiscal, extender el período de los ERTE y reformar la ley concursal.
Las dos últimas son lógicas en esta coyuntura. Es más, la reforma de la ley concursal para agilizar y simplificar los procedimientos es urgente con la que se nos avecina. Pero pretender elevar un tipo de IVA que pasó del 12 por ciento en 1986 al 21 por ciento actual, supone cargar, una vez más, sobre las clases medias y bajas el déficit recaudatorio. Se decía que su perfil era técnico, no político, pero sus opiniones no lo demuestran, de lo contrario debería centrarse en cuidar de la salud de los bancos y de sus clientes ante la recesión que padecemos.