Indemorable renovación
EN su noveno discurso de Apertura de Tribunales, correspondiente al curso 2022-2023, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, no pudo ni quiso ocultar su indignación por el lamentabilísimo e inexplicable hecho de que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados lleve, nada menos que la friolera de casi cuatro años, sin la preceptiva renovación que corresponde verificar al concluir el quinto años de mandato. Por vez primera, el citado presidente señaló una fecha próxima para presentar su renuncia al cargo si, para entonces, no se ha llegado a un acuerdo parlamentario de renovación del órgano de gobierno de los jueces.
No le faltan razón y razones al Sr. Lesmes para pronunciarse en los términos que lo ha hecho ya que, a punto de cumplirse cuatro años de un Consejo General del Poder Judicial en situación de prórroga de funciones, viene a constituir un grave y flagrante incumplimiento de la ley así como una descarada demostración de nulo respeto a la instituciones propias de un Estado de Derecho el que los partidos políticos representantes de la ciudadanía en el Congreso de Diputados y en el Senado no hubieran llegado ya a un acuerdo que haga posible la preceptiva renovación en plazo de un órgano institucional previsto en nuestra Constitución de 1978.
Y que no se utilice la pandemia del coronavirus como disculpa para este lamentable y escandaloso retraso en la renovación de un órgano tan importante en el marco de un Estado de Derecho, pues es lo cierto que la verdadera razón se halla en el interés de los partidos políticos de influir en el gobierno de un Poder del Estado que, precisamente, debe caracterizarse por su independencia e imparcialidad.
El problema trasciende ya el ámbito nacional al haber merecido la atención de la Comisión Europea cuya vicepresidenta, en carta dirigida al presidente del Poder Judicial español, manifiesta la necesidad de poner fin, con prioridad absoluta, a la ya escandalosa prórroga de mandato que está experimentando el actual órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Parece innecesario argüir más razones para exigir de los partidos políticos españoles una solución sin la más mínima demora ya.