Inquietante momento político
LA falta del más mínimo entendimiento entre los dos principales partidos políticos de España, PSOE y PP, está dando lugar a situaciones jurídicas intolerables desde la perspectiva del Estado de Derecho que consagró nuestra Constitución del año 1978, lo que conlleva una ineludible y seria preocupación para una gran parte de la ciudadanía, en la que se incluye parte de los militantes y votantes socialistas.
Bien está que la pugna política venga a definir la propia esencia de una verdadera democracia, pero el encuadramiento de esta última en el marco de un Ordenamiento Jurídico que la propia ciudadanía se dio a sí misma como forma de gobierno exige e impone el sometimiento al principio superior que el Derecho debe representar, so pena de degenerar en arbitrariedad política, totalmente inadmisible.
Viene lo anterior a cuento al valorar, dentro del cúmulo de desacuerdos registrados entre el actual Gobierno de España y el principal partido de la oposición, dos especialmente lesivos a la esencia del propio Estado de Derecho y a su fundamental principio de separación de poderes. El primero hace referencia a la mutilación originada al Consejo General del Poder Judicial en su facultad de realizar nombramientos discrecionales de magistrados en el Supremo y en otros altos órganos de la Judicatura, con lo que se ha originado ya y sigue produciéndose un desproporcionado número de plazas vacantes, con el consiguiente retraso que está suponiendo en la Administración de Justicia.
Otra modificación legislativa en curso pretende alterar el quorum preciso para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del CGPJ, estableciendo el sistema de mayoría en sustitución del de tres quintos hasta ahora vigente.
Es cierto que constituye una deplorable irresponsabilidad política el que hayan pasado ya cuatro años desde la terminación del mandato legal del actual órgano de gobierno de los jueces sin que se hubiera procedido a su renovación quinquenal y, en otra distinta dimensión temporal, el que no se hubiera procedido ya a la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que han de ser elegidos por el Gobierno y por el CGPJ y, de ello, hay que responsabilizar, conjuntamente y a partes iguales, tanto al PSOE como al PP; pero lo que resulta extremadamente peligroso en un Estado de Derecho es que, en base a esto, se proceda a modificaciones legales que hacen resentir la verdadera esencia del Estado de Derecho, poniendo en riesgo la imprescindible independencia de gobierno del Poder Judicial del Estado y la que ha de corresponder al más alto Tribunal garante de nuestra norma fundamental.
Flaco servicio se presta a la democracia y al Derecho cuando en, temas tan esenciales para el Estado que los tiene como elementos de identificación, se alcanzan acuerdos que, pese a no ser antidemocráticos, puede cuestionarse la juridicidad de su contenido y, además, se alcanzan con quienes pretenden la desmembración de la unidad nacional que se proclama en el artículo 2 de la Constitución del año 1978.
Son muchos los ciudadanos de todas las tendencias ideológicas a quienes preocupa, muy seriamente ya, la deriva que está tomando la política española en estos momentos.