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Investigación a jueces

    CON cierta frecuencia aparecen noticias en los medios de comunicación, en que figuran involucrados jueces y magistrados en asuntos turbios en los que en el mejor de los casos se revela una gran incompetencia y en otros casos actúan como correa de trasmisión de intereses partidistas. Sin embargo, no aparece que haya habido por parte del Consejo del Poder Judicial o por otra institución, investigación alguna o apertura de expedientes.

    Hace unos días, la policía detuvo de nuevo a Vittorio Raso, uno de los principales capos de la ‘Ndrangheta. Años antes lo había detenido, por cargos de tráfico de drogas y extorsión, detención que fue celebrada por la policía italiana que lo consideraba pieza fundamental de la mafia. La detención tuvo gran repercusión mediática.

    Sin embargo, al día siguiente fue puesto en libertad, eso sí con cargos, por el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, cosa que aprovecho el capo para huir. El juez alegó que no sabía que era un capo, ni que era un gran traficante a pesar de figurar en el atestado de la policía. No hay noticia alguna de que se abriese expediente o una investigación al citado juez, al menos por incompetente.

    En las grabaciones del famoso policía Villarejo con el anterior ministro Fernández Díaz figuran los magistrados Santiago Pedraz y Fernando Andreu de la Audiencia Nacional y el juez Armengol, que fue decano de la Audiencia de Madrid. En ellas aparece desde una cena en casa de uno de ellos, hasta reuniones para facilitar procesos judiciales.

    Los jueces no deberían mirar hacia otro lado, en particular sus asociaciones, ya sean las conservadoras o las progresistas, exigiendo la clarificación de todos los casos y si procede la apertura de los expedientes correspondientes. Ni que decir tiene que el Consejo General del Poder Judicial debería actuar. Los jueces y fiscales necesitan que la sociedad esté satisfecha de ellos y les valore. Para ello es necesario que ciertos comportamientos sean corregidos.

    El poder judicial es el tercer poder, tal como figura en nuestra Constitución. Los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo están sometidos a controles, entre otros al judicial y al ejercido mediante el voto. Como todos los poderes el judicial debe tener un control que no sea corporativo.

    Las noticias en que aparecen involucrados jueces de manera turbia sin tener ninguna noticia sobre su control por parte del CGPJ no son buenas señales. Un Consejo General del Poder Judicial elegido por jueces sería todavía peor al acentuar su carácter corporativo.

    24 jun 2022 / 01:00
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