La Compostela que queremos
ENTRE las múltiples e imaginativas medidas que las ciudades afectadas por una sobresaturación turística –continuada o estacional– estudian para evitar las perniciosas consecuencias de la proliferación de viviendas turísticas, puede que la adoptada por el Grupo de Gobierno compostelano sea mejorable en sus especificidades a la hora de autorizar esta nueva modalidad de alojamiento turístico.
De lo que no cabe duda es que hacerlo a través de la modificación puntual del título III del Plan Xeral de Ordenación Municipal es la más oportuna y legal forma de preservar la función residencial de la ciudad, de civitas, que da sentido, desde su propia definición etimológica, a esta histórica modalidad de agrupación urbana.
Por eso mismo, por preservar la esencia de la ciudad en su más pleno y sustancial sentido de vivir en común, no cabe menos que elogiar la indesmayable decisión del Gobierno municipal frente a un devenido lobby local como no se recuerda en la reciente ni pasada historia de la urbe. Grupo de presión legal pero que precisa del servicio a la verdad para ser conceptuado también como legítimo, lo que no ocurre en tanto justifica su existencia con el deformado espejo de la conveniencia propia y dejando al pairo las fatales consecuencias sobre los más elevados intereses del bienestar comunitario, social, los que toda institución oficial tiene el cometido y la obligación de garantizar.
Como en este desigual juego de la defensa de los intereses colectivos suele ocultarse la otra cara de la verdad, la que atañe a la ciudad y su futuro, es bueno mirarse en espejos ajenos que nos llevan delantera en estos usos para conocer las consecuencias últimas que acabarán por afectar al sentido mismo de la convivencia y al propio concepto de ciudadanía en sus significaciones social y cultural.
Un periódico de tirada nacional se hacía eco el domingo último de la afectación de estas viviendas en el entramado urbano de ciertos barrios y zonas céntricas, como ejemplifican algunos datos que se ofrecen en el reportaje. Así, el histórico barrio sevillano de Santa Cruz, donde seis de cada diez casas se destinan al uso de viajeros, porcentaje que en otras zonas de la urbe también son significativos, como Alfalfa (18,7 % sobre el total), Encarnación (16,1 %) o San Lorenzo (13,1 %).
En el madrileño barrio de Sol, una de cada tres casas está controlada por las plataformas de alquiler turístico, fenómeno repetido en el valenciano El Mercat (18,3 %) y La Seu (12,7 %) o en el distrito centro de Málaga (12,7 %), zona en la que asegura el reportaje que podían llegar a convivir hasta 156 turistas por cada 100 vecinos. Datos, todos los enunciados, referidos a 2019, antes de la pandemia.
Lo descrito no pretende quitar o poner rey, pero sí invitar a los responsables políticos –que en el pleno de esta semana se abstuvieron o votaron en contra– a que expliquen a la ciudadanía qué ciudad quieren para el futuro. PSOE y Compostela Aberta apuestan con sus votos por la función residencial. ¿Y los demás?