La crisis de 2021

CREÍMOS que la crisis financiera e inmobiliaria de 2008 a 2013 había marcado máximo en los datos de (de)crecimiento del PIB español, pero no. Nos dicen las estadísticas que desde el estallido de la Guerra Civil en 1936 nunca se había anotado una caída del PIB como la de 2020, que alcanzó un inmenso 11 %. Pero todo puede empeorar. Nos informa el Consejo General de Economistas de España que los índices de insolvencia empresarial, tras un engañoso comportamiento en 2020, se dispararán en este ejercicio y se multiplicarán los concursos de acreedores con resultado de liquidación del negocio.

Sabido es que el comportamiento del PIB es directamente proporcional al de la morosidad. Caídas del PIB implican crecimiento de la morosidad, pero, según datos del Banco de España, no ha crecido la morosidad en la banca durante 2020. Por lo tanto, cabría preguntarse si se ha roto dicha regla y, en su caso, porqué el crédito a residentes incluso creció pasando de 1,18 a 1,22 billones de euros en una coyuntura totalmente desfavorable. Y porqué, pese a todo ello, la morosidad es menor que a principios de 2020.

Todo se explica con que entre abril y junio pasados se produjo la mayor expansión de crédito a empresas en lo que llevamos de siglo. Y esa expansión tiene un nombre: préstamos ICO con garantía del Estado. Preparémonos. Si en la década pasada destinamos unos 60.000 millones al rescate de la banca, me temo que la factura que soportemos por esta crisis no sea inferior. Precisamente el Santander acaba de publicar pérdidas históricas por unos 8.800 millones de euros al anticiparse en el reconocimiento de deterioros en sus activos, contrastando con su competencia que se limitó a rebajar beneficios

Y la factura puede crecer si no llegan a buen término los multimillonarios rescates de la SEPI en compañías como Globalia o Duro Felguera o si, de una vez, los legisladores no transponen la Directiva europea de 2019 sobre reestructuración preventiva, especialmente en lo referido a buscar soluciones no liquidativas en la insolvencia empresarial que se nos avecina, como es el caso de facilitar la venta de unidades productivas de empresas en preconcurso.

Para minimizar el daño que a las cuentas públicas va provocar esta crisis, al contrario que en la anterior, no debe permitirse el cierre, achatarramiento o el despido de trabajadores, que se derivan de la voracidad de alguna administración pública que antepone su afán recaudatorio en las ofertas de compra para viabilizar empresas en crisis. Negocio viable, empleo y cotización como alternativa a un más que probable impago. Incomprensibles algunos privilegios.